Montaje en el que aparece un agente de la Policía Nacional durante la pandemia del coronavirus
No era la vacuna, era el uniforme
"Resulta, cuando menos, paradójico que quienes hoy denuncian una supuesta persecución política sean los mismos que entonces acabaron apartando de la vacunación a un colectivo esencial que vestía un uniforme distinto"
No toda la campaña de vacunación contra la Covid en Cataluña merece ser cuestionada. Sería injusto decirlo.
En los momentos más duros de la pandemia, miles de profesionales sanitarios hicieron un trabajo extraordinario y la inmensa mayoría de la población acabó recibiendo una vacuna que permitió dejar atrás una de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia reciente.
Pero (me) sorprende que, cinco años después, todavía haya quien siga calificando aquella campaña de "ejemplar" cuando un colectivo esencial quedó marginado del plan de vacunación en Cataluña.
Y de hecho, está claro que no pudo ser "ejemplar" si el caso en cuestión ha llegado a los tribunales. Y es que, precisamente este martes, comienza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra la antigua cúpula de Salut de la Generalitat por la paralización de la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña.
Será la Justicia quien determine si aquella decisión fue constitutiva de delito o si, por el contrario, estuvo debidamente justificada. Pero lo que ya (me) resulta mucho más difícil de defender es el relato y el victimismo político de los mismos de siempre.
Porque una campaña de vacunación no puede calificarse de "ejemplar" --como hizo este lunes la portavoz y candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany-- cuando un colectivo considerado esencial quedó fuera de ella durante semanas sin una explicación convincente.
Si vamos a los datos: mientras cerca del 77% de los Mossos d'Esquadra, policías locales y bomberos ya habían recibido la primera dosis, el porcentaje entre la Policía Nacional y la Guardia Civil apenas alcanzaba cifras testimoniales.
No hablamos de ciudadanos cualquiera. Hablamos de servidores públicos —conviene recordar que muchos de ellos también son catalanes— que trabajaron exactamente en la misma emergencia sanitaria.
Se suele repetir que la vacunación con AstraZeneca se detuvo para todo el mundo. Es cierto. Lo que rara vez se recuerda es que, una vez despejadas las dudas sobre la vacuna, nunca se reactivó de forma efectiva la inmunización de estos dos cuerpos policiales.
No hubo una nueva convocatoria. No hubo un calendario alternativo. No hubo explicaciones públicas suficientes. Solo cuando los sindicatos policiales denunciaron la situación, la cuestión dejó de ser invisible.
Por eso resulta tan llamativo escuchar todavía a dirigentes de Esquerra Republicana (ERC) afirmar que aquella campaña "llegó a todo el mundo" o, lo que es peor, presentar este procedimiento judicial como un nuevo episodio de persecución política contra antiguos miembros del Govern.
Quizá convendría hacerse otra pregunta: ¿y si quienes se sintieron perseguidos fueron precisamente aquellos agentes a los que se dejó atrás?
![Alba Vergés, presidenta del Parlament en funciones y candidata en Igualada](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/270238.jpg?p=w:320\/h:240&h=O2Vivhme"])
Son dos cuerpos policiales que no visten el uniforme con la misma banderita. No dependen de la Generalitat. Pero desempeñan funciones esenciales en Cataluña: custodian aeropuertos y puertos, protegen infraestructuras críticas, investigan organizaciones criminales, luchan contra el terrorismo y, por aquel entonces, se expusieron al virus igual que cualquier otro cuerpo policial.
No se trata de restar mérito al enorme esfuerzo colectivo que supuso la campaña de inmunización. Se trata de reconocer que una decisión concreta pudo ser profundamente equivocada y discriminatoria.
Resulta cuanto menos paradójico que quienes hoy denuncian una supuesta persecución política sean los mismos que entonces acabaron apartando de la vacunación a un colectivo esencial que vestía un uniforme distinto.
La realidad es incontestable: decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil quedaron excluidos del proceso de vacunación mientras otros cuerpos policiales sí recibían sus dosis. ¿Por qué ocurrió? Será la Justicia quien lo determine.
Pero si algo debería quedar claro es que una campaña no puede calificarse de ejemplar cuando una parte de quienes se jugaban la vida en primera línea quedó atrás.
