Gonzalo Baratech.jpg
La vivienda, rehén de la voracidad fiscal
“Entre reducir los impuestos o alimentar uno de los filones más lucrativos para las arcas regionales y locales, las Administraciones siempre optan por lo segundo”
El precio de la vivienda encadena once años consecutivos de alzas y se encuentra en máximos históricos. Los alquileres, por su parte, también atraviesan una prolongada etapa de subidas, que los ha llevado a cotas nunca vistas.
El Gobierno y algunas autonomías como Cataluña vienen legislando desde hace tiempo a tontas y a locas para embridar los ascensos. Pero los resultados son nulos. En urbes como Madrid o Barcelona han llegado a tales niveles que están expulsando a paso de carga a la clase media, víctima propiciatoria de los políticos de toda laya.
Nunca antes una generación de jóvenes lo había tenido tan difícil para acceder a un techo propio.
Quienes cortan el bacalao, en vez de rectificar, le endosan la culpa a los especuladores, a los fondos buitres y a los grandes tenedores, que a su parecer son los máximos responsables de todos los males que asolan el mercado.
De paso, propalan una y otra vez que van a levantar casas a toda máquina. Sin ir más lejos, Pedro Sánchez anunció en 2023 que el Ejecutivo iba a poner en servicio nada menos que 183.000 moradas. Como todavía le parecía poco, un año después pregonó que lanzaría otras 43.000 de alquiler asequible. Y en febrero último aseveró que articulará un fondo para financiar otros 15.000 alojamientos al año. Si Pitágoras no miente, Sánchez ya ha prometido en total 241.000.
Para no ser menos, el president Salvador Illa dijo hace un par de años que el Govern erigirá 50.000 hasta 2030.
Tales proclamas suenan a música celestial a los ciudadanos, pues como se suele decir en catalán, “el més calent és a l'aigüera”.
Curiosamente, los mandatarios no dicen jamás una palabra sobre la leonina presión contributiva con la que sangran el parque habitacional. Por el contrario, se afanan en agravarla, porque es un filón supuestamente inagotable para engordar la recaudación.
Cataluña se lleva la palma a la hora de estrujar la actividad. Hacerse con un hogar supone en promedio soportar unas exacciones que doblan de largo las que se abonan en la capital del Reino.
Y eso es solo la punta del iceberg. Mucho antes de que el comprador pase por caja, la promoción ha ido arrastrando una pesada mochila tributaria durante las diversas etapas de su gestación.
Esta semana vio la luz un estudio de E&Y sobre los gravámenes que se satisfacen por los bienes raíces. La conclusión es lapidaria. Los costes impositivos se van acumulando en todas las fases de las obras hasta el punto de que significan más de una cuarta parte del precio final. Dicho con otras palabras, un cobijo de 300.000 euros, se encarece en otros 78.000 gracias a los mordiscos recaudatorios.
Los burócratas tienen una auténtica mina en el ramo del ladrillo. Y se lanzan a exprimirlo como si fuera un limón. En el transcurso del proceso constructivo, se van sucediendo los lastres tributarios de todo tipo que impactan de lleno en la obtención del suelo, su tenencia, la tramitación urbanística, la ejecución de los trabajos y, por último, la transmisión del activo.
Así, entran en acción implacable los impuestos de actos jurídicos documentados; sobre construcciones, instalaciones y obras; las tasas municipales vinculadas a la actividad edificadora; el IBI correspondiente al período de ejecución; y, finalmente, la repercusión dineraria de la plusvalía municipal.
Según el trabajo de E&Y, esa retahíla interminable de peajes públicos carece de parangón en los países de nuestro entorno.
La pulsión depredadora no es patrimonio exclusivo de un único poder territorial. Ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, en este mismo orden, participan en el festín. Cada uno añade sus respectivas gabelas, de modo que el particular acaba soportando una larga cadena de quebrantos que se inicia con la adquisición del suelo y concluye cuando se reciben las llaves.
Si quienes manejan los diarios oficiales y el BOE quieren coger el toro por los cuernos, tienen un campo enorme para empuñar la podadera y abaratar el acceso a la propiedad y el alquiler. Pero semejante pretensión es algo parecido a pedir peras al olmo.
Cada euro que se encarece un piso, amplía también la base sobre la que pivotan los arbitrios de toda índole. De ahí que las buenas intenciones se queden en el terreno movedizo de la mera propaganda.
Entre reducir la sangría dineraria o alimentar uno de los filones más lucrativos para las arcas regionales y locales, siempre optan por lo segundo.
El sector inmobiliario es desde hace largo tiempo la gallina de los huevos de oro para las Administraciones. Nadie parece dispuesto a renunciar a tan opíparo negocio.
