Faltan violadores por juzgar

Hay titulares que impresionan, pero conviene no perder de vista la letra pequeña.

Los 83 años que ha aceptado el llamado ‘Pelicot catalán’ suenan a condena ejemplar, casi definitiva. Pero en España, salvo la prisión permanente revisable, el cumplimiento efectivo tiene un límite: en los casos más graves, 40 años. Es decir, la cifra impacta, pero la realidad penitenciaria es otra.

El Código Penal establece que, cuando una persona acumula múltiples condenas, no cumple la suma aritmética de todas ellas. Como regla general, el máximo de cumplimiento se sitúa en 20 años, aunque ese tope puede elevarse a 25, 30 o hasta 40 años en función de la gravedad de los delitos, su reiteración o el número de víctimas.

Aun así, el debate no debería quedarse ahí. Porque lo verdaderamente incómodo de este caso no está en la cifra, sino en lo que queda fuera de ella. En los márgenes.

En todos aquellos nombres —o más bien sombras— que aparecen en la investigación, en los vídeos, en los indicios… pero que no han llegado al banquillo ni llegarán al banquillo de los acusados. No porque sean necesariamente inocentes, sino porque no ha sido posible acreditar su participación con pruebas suficientes.

Y ese es, precisamente, el punto donde el sistema, garantista por definición, se vuelve frustrante. Y debe serlo. Sin pruebas no hay condena. Sin pruebas no hay justicia posible. Cualquier otra cosa sería arbitraria y profundamente injusta. Pero aceptar esa premisa —irrenunciable en un Estado de derecho— no elimina la sensación de desazón cuando la realidad sugiere que no todos los responsables han sido alcanzados.

Porque en este caso hay un elemento que resulta especialmente perturbador: la asimetría entre quien cae y quienes se diluyen.

Teófilo Lapeña, señalado como cabecilla, ha acabado asumiendo una condena durísima en gran parte por su propio rastro. Por documentar, por acumular, por ejercer ese control que su propio ego le pedía asumir. Su papel dentro de la red —ese liderazgo casi exhibicionista— dejó huella.

Otros, en cambio, han sabido moverse en la penumbra. Sin registros, sin material intervenido, sin pruebas que permitan sostener una acusación sólida. Han esquivado, por ahora, la bala judicial. Y eso es lo que incomoda. No la existencia de garantías —que son imprescindibles—, sino la constatación de que, en determinados contextos, esas mismas garantías pueden dejar espacios donde algunos logran escapar.

Pero hay otro plano que también interpela, y que no debería quedar en segundo plano. Cuando todo empezó, en 2020, la principal víctima tenía 12 años y estaba bajo la tutela de la administración.

Durante meses —demasiados— nadie detectó lo que estaba ocurriendo. Nadie activó una alerta. Nadie llegó a tiempo. Y eso, más allá de la respuesta penal posterior, obliga a una reflexión incómoda sobre los mecanismos de protección y supervisión que fallaron.

Porque si algo evidencia este caso es que el sistema no solo llega tarde para algunos responsables, sino que también puede llegar tarde para las víctimas. Y ese retraso no se mide en procedimientos ni en autos judiciales, sino en meses de silencio y desprotección.

El resultado es una sensación difícil de digerir: la de una justicia que actúa, que golpea, que responde… pero que no siempre alcanza a todos. Una justicia que, en su obligación de no condenar sin pruebas, convive con la posibilidad de que algunos culpables queden fuera.

Por supuesto, es el precio inevitable de un sistema que prioriza la protección de los derechos frente a la tentación del castigo a cualquier coste. Pero eso no significa que no duela. Ni que no incomode. Ni que no deje una pregunta flotando: cuántos más había y, sobre todo, cuántos han conseguido desaparecer sin dejar rastro.