El director de Crónica Global, Ignasi Jorro, opina sobre el litigio entre DiR y uno de sus socios
Grup DIR tiene todo el derecho del mundo a ejercer su derecho de admisión. En un negocio, y los gimnasios lo son, no puede entrar todo el mundo. Hay que cumplir las reglas, las normas de coexistencia, y no pasarse ni un milímetro. Porque no son la casa de uno, sino el hogar de alguien que se ha jugado su patrimonio. O uno se comporta, o se va.
Negro sobre blanco, el derecho de admisión puede --y debe-- ejercerse desde la ecuanimidad y el rigor. Y sin reticencias.
Eso sí, hay casos que trascienden el derecho de admisión. Un negocio cualquiera no puede vetar la entrada o inscripción a alguien por motivo de raza u orientación sexual, por ejemplo. Porque ello colisiona y aplasta el derecho del otro a hacer uso de aquel comercio.
En el caso de la cadena de gimnasios DiR, es evidente que expulsar a un socio porque ha declarado --como testigo-- en el juicio laboral de un extrabajador excede su derecho a no dejarle pasar.
El afiliado tuvo que ir a declarar porque le citaron desde el juzgado, y un testigo debe acudir obligatoriamente a la vista y, sobre todo, decir la verdad bajo juramento. Es lo que le pasó al socio al que DiR ha expulsado por, presuntamente, difamar a la institución en sede judicial.
El grupo aduce que el hombre faltó al honor de los gimnasios, mientras que éste se limita a constatar que respondió las preguntas de las partes con lo que había visto. Su versión resulta mucho más creíble que la corporativa, pues es sospechoso que alguien acuda a un tribunal, al que va a desgana y porque le propone una de las partes, y se pone a soltar invectivas contra el centro deportivo en el que aún es socio y al que acude diariamente.
En cualquier caso, DiR ha terminado echando al socio. Es un episodio que se antoja como una vendetta contra el ciudadano. "Si dices algo contra mí, te expulsaré de mi negocio".
La conclusión que emana del lance es que el gimnasio solo acepta a socios que hablan bien de él. Lo cual ya bordea el atropello a otro derecho: el de libertad de expresión. ¿Debe un ciudadano hablar bien de los negocios en los que consume? Si no lo hace, ¿es motivo suficiente para que no pueda acceder a los mismos?.
¿Es lo mismo cumplir las reglas que abstenerse de criticar a un comercio del que se es socio? Es evidente que no. Bajo mi punto de vista, DiR se ha excedido en su actuación. Y, con ello, el grupo de Ramon Canela ha aterrizado en otro lodazal, el enésimo, mostrando ahora su cesarismo y un ápice de autoritarismo con el débil.
Un inquietante incidente para una cadena de fitness a la que sus propios socios --por medio de un más que generoso sistema de bonos-- y los ciudadanos, por medio de nuestros impuestos, hemos salvado de dificultades económicas en más de una ocasión.
