Alejandro Tercero opina sobre la crisis de Rodalies
Intransferible
"Trocear un país suele generar problemas. Y las palabras del ministro Puente sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat lo demuestran"
Trocear un país suele generar problemas. Problemas morales, por supuesto. Problemas de igualdad de acceso a los servicios básicos, sin duda. Pero también problemas técnicos, de gestión, problemas que complican el descuartizamiento planificado de un Estado.
Las palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves durante una entrevista en la Cadena Cope en relación al traspaso de Rodalies a la Generalitat lo demuestran.
Preguntado sobre la cesión de “toda la competencia” sobre Rodalies, como “pide” Junts, Puente ha recordado que la gestión completa es “intransferible”. “No se puede transferir la gestión de la infraestructura porque estaríamos troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos”, ha subrayado.
Y ha explicado que “la mayor parte del trazado de Rodalies forma parte de la RFIG, la Red Ferroviaria de Interés General, y, por tanto, es intransferible por una cuestión de Constitución, diría incluso”.
Según la web del ministerio, la RFIG “está integrada por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional”. Una definición bastante razonable.
El problema surge cuando los acuerdos entre el PSOE y los nacionalistas de 2023 para conseguir mantenerse en el Gobierno incluyen “culminar el traspaso integral del servicio de Rodalies y Regionals Rodalies de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, que comenzó en 2009 y 2010”.
Por “integral”, desde buena parte del nacionalismo catalán se ha entendido –o se ha vendido– que se incluía todo. Esto es, la titularidad de los trenes, de las vías, de las catenarias y toda su gestión. Aunque, en realidad, el texto del acuerdo sí dejaba claro en su punto 3 que el ministerio “traspasará a la Generalitat de Catalunya la titularidad de la infraestructura ferroviaria en la que los servicios prestados sean de forma exclusiva titularidad de la Generalitat y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General”. Es decir, no se traspasarán las vías de toda la red.
De hecho, el acuerdo solo prevé el traspaso de la infraestructura de una pequeña parte de las Rodalies: “Entre los tramos de infraestructura que serán objeto de traspaso, se incluirán al menos la línea del Maresme de la R1, la línea Papiol - Vic - Puigcerdà de la R3 y la línea Sant Vicenç de Calders - Barcelona de la línea R2”.
La infraestructura del resto de la red (R4, R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, etc.) es “intransferible”, según Puente. O “es muy complicado de transferir, y ahí es donde tendremos el gran problema”, añadió el ministro en la entrevista.
Puente no ha modificado la posición del Gobierno. Solo ha recordado lo pactado y, probablemente, ha abierto los ojos a quienes entendían que “integral” incluía todo. También las vías de toda la red de Rodalies. Y ha puesto de manifiesto lo complicado que es desmontar un país, demoler un Estado.
En todo caso, desballestar el sistema ferroviario o una carretera no es excesivamente grave. Lo relevante es despedazar servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad.
Y, en eso, los nacionalistas hace tiempo que ganaron la batalla, sin que haya servido para mejorar la calidad de vida de los catalanes. Basta con comprobar los rankings de educación, sanidad y seguridad de la comunidad.
