Bueno, pues ya tenemos otro linchamiento a un comerciante por usar el castellano en Cataluña.
El dueño de la heladería Dellaostia, un argentino que montó el negocio en el barrio de Gràcia de Barcelona, ha recibido un correctivo salvaje por parte de hordas de nacionalistas tras un incidente con un cliente.
Según el denunciante, Guillem Roma, consejero de distrito de ERC, “un trabajador” de la heladería “ha increpado” a su pareja “con ganas de provocarla diciéndole que era una maleducada por hablar en catalán porque estábamos en el Reino de España”.
El propietario del establecimiento niega la mayor y asegura que “siempre que viene gente educada y bienintencionada hacemos nuestro mayor esfuerzo por empatizar con el idioma”, y recuerda que hay dos idiomas oficiales.
De nada han servido las explicaciones del empresario argentino, las redes se han llenado de innumerables acusaciones de “catalanofobia” y “supremacismo” contra él, incluyendo algunos artículos en medios nacionalistas y el señalamiento de los habituales inquisidores de la lengua (los Baños, Alexandre y Borràs de turno) –animando a sus seguidores a hundirle el negocio–, además de algunas formaciones políticas y entidades ultras.
La consecuencia del acoso mediático ha sido la vandalización de la tienda, con pintadas de “putos fachas” y “fascistas de mierda”, y pegatinas que le acusan de no respetar el catalán.
No sabemos exactamente cómo se produjo la conversación entre la pareja del edil de ERC –que se define en su cuenta de X como “activista cultural”– y el empleado de la heladería.
Lo que sí que sabemos es que, en los tres años que lleva abierto, el comercio ha atendido sin problemas a miles de catalanohablantes. Sabemos que, a pesar de que en las redes sociales los nacionalistas han difundido la fachada lateral de la tienda (con los rótulos en castellano), la entrada principal tiene los letreros en catalán. Sabemos que los rótulos del interior del local están en español, en inglés y en catalán. Y sabemos que la página web del negocio está en castellano y en catalán.
También sabemos que “el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a estas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas solo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos”. Y que “puesto que en el ámbito de las relaciones entre privados no cabe imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo, menos aún cabrá establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales”, como recogen diversas sentencias del Tribunal Constitucional (STC 31/2010, FJ 22; STC 88/2017, FJ 4 y STC 7/2018, FJ 4, entre otras). Es decir, que los comerciantes no están obligados a responder en catalán ni en español, sino que pueden dirigirse oralmente a los clientes en la lengua de su elección.
Todo ello hace dudar fundadamente de la veracidad de la versión del dirigente de ERC y da mayor verosimilitud a las explicaciones del empresario.
Sin embargo, eso, en la Cataluña actual, no importa. La jauría nacionalista ha dictado sentencia: el heladero es un fascista.
