Al leer la entrevista a Ana Losada que hace unos días publicó Crónica Global, a uno se le ponen los pelos de punta y siente algo de vergüenza de su propio país.

Que, a estas alturas de la película, una entidad como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) tenga que sobrevivir únicamente de las aportaciones de sus socios, cuando decenas de entidades nacionalistas nadan en la abundancia de las subvenciones públicas, es muy significativo de la bajeza moral de nuestros políticos.

En cualquier Estado democrático de nuestro entorno, una asociación como la AEB no sería necesaria pero, en caso de existir, recibiría un apoyo financiero justo por parte de las administraciones. No me cabe la menor duda.

Aquí, en cambio, ni peperos, ni sociatas, ni voxeros, ni podemitas (ni de aquí ni de allí), han movido un solo dedo para endulzar –aunque sea ligeramente– la heroica labor de Losada y su gente.

¿De verdad el trabajo incansable de la AEB no merece ninguna subvención? ¿Entre los cientos de millones que las administraciones destinan a iniciativas de la sociedad civil cada año, no hay margen para que esta entidad reciba algo de apoyo económico público?

En nuestro país existen ingentes ayudas públicas para los circos, los toros, los teatros, las sardanas, los periódicos, las radios, las televisiones, las asociaciones de vecinos, la promoción del catalán, del aranés, del vasco y del gallego, las asociaciones de madres y padres de alumnos, los sindicatos, las patronales, los festivales de música, los clubes de fútbol, la traducción de libros al catalán, al aranés, al vasco y al gallego, “el fomento de la democratización de los cuidados, de nuevas formas de organización del tiempo y de la equidad en los trabajos”, las “iniciativas emblemáticas para la emancipación juvenil”, las asociaciones de consumidores, “la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio etnológico de Cataluña”, la “sensibilización, promoción, acompañamiento para visibilizar, reconocer y dar valor a los trabajos del hogar y los cuidados”, los “proyectos de pódcast en catalán u occitano de ficción narrativa o de temática cultural”... y así podríamos seguir durante páginas y páginas.

Pero a la entidad que más ha hecho en los últimos años en defensa del bilingüismo en las escuelas públicas catalanas (una labor que, en realidad, corresponde al Estado –en su sentido más amplio–), se la ha ninguneado y se la ningunea de forma sistemática por parte de todas las administraciones.

Algo parecido a lo que ocurre con asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, S’ha Acabat!, Asociación por la Tolerancia, Sociedad Civil Catalana, Acción Cultural Miguel de Cervantes… y tantas otras.

Quizás va siendo hora de exigir a los políticos de turno que se pongan las pilas para que la sociedad civil constitucionalista pueda luchar en igualdad de condiciones que la sociedad civil nacionalista. Si es que de verdad nos creemos lo de que estamos en una democracia.