La tercera noche en Salt (Girona) fue, a la espera del reporte oficial, mayormente pacífica. Un imponente dispositivo de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra logró mantener la calma en la localidad gerundense, uno de los municipios catalanes en los que el tejido social es más policromático y, con ello, presenta desafíos en diversos sentidos. 

Por ahora, y a la espera de que algún político desembarque hoy en la localidad, lo cierto es que la trifulca estricta derivada del desalojo de un imán local parece haberse encauzado. Eso sí, como en todo conflicto, quedan las razones de fondo, las venas abiertas que hay que cauterizar para evitar que la ciudad devenga de nuevo un polvorín en un futuro. 

Como es evidente, el lugar está aquejado de dificultades en acceso a la vivienda, como el resto de la autonomía. Es un asunto que ocupa y preocupa a las diferentes capas administrativas, incluido el Govern, que ha anunciado un ambicioso plan para construir 50.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2030. 

Abordar el acceso a un techo, en colaboración con el sector privado, que se ha ofrecido a arrimar el hombro, debería ser una prioridad. Eso sí, ojo con las trabas burocráticas, pues los promotores andan molestos estos días por alguna medida muy concreta del Ejecutivo regional. 

También debería ser prioridad la dinamización económica de la región al completo, reactivando el tejido productivo para que se creen riqueza y los ansiados puestos de trabajo. 

Pero también, tras la Brimo, se deberían abordar en Salt los problemas criminalidad y okupación delincuencial. Las cifras que revela hoy Crónica Global de los allanamientos en Cataluña -con la provincia de Girona en posición de crecimiento destacado- no son nada halagüeñas. 

Si la vivienda es un problema fundamental, la okupación no es en ningún caso la solución. Y menos cuando la toma forzosa de viviendas no es producto de la carestía -lo dio a entender ayer el alcalde de Salt, de ERC: "tienen un sueldo que les permite pagar una vivienda de alquiler", dijo-, sino de la voluntad de utilizar el bien para delinquir o por pura jeta. 

Así pues, cuando se marche la Brimo, en Salt debería quedar el mensaje de que queda mucho trabajo por hacer, claro está, y de que esa labor se hará de forma callada, pero concertada y efectiva con la ciudadanía.

Se impone abordar los desafíos -de vivienda y laborales, así como los retos de integración comunitaria, pero también los problemas de incivismo y delincuencia- del municipio sin dar pábulo a los ultras de uno y otro extremo del espectro político, que ayer tuvieron un día grande en el Parlament. 

Los equilibrios de las sociedades pluriculturales son delicados, y los poderes públicos deben ser proactivos para mantenerlos. Al partir la policía, pues, quedará otro mucho trabajo por hacer en Salt. Quizá el más importante.