Hace unos días, un conocido mío me planteó una cuestión en relación con el alquiler de los pisos que me pareció relevante y preocupante.
Mi amigo acaba de recibir como herencia familiar un pequeño piso en el centro de Barcelona y tenía previsto ponerlo en alquiler.
Pensaba hacer una reforma para hacerlo más habitable. La cocina y el cuarto de baño son muy antiguos, y quería que fueran más cómodos para los futuros inquilinos. También valoraba poner parquet nuevo, cambiar puertas y ventanas, mejorar la iluminación y algún que otro retoque.
Sin embargo, cuando se puso a estudiar los precios de alquiler de la zona, descubrió que en su caso estaban limitados por la nueva normativa para áreas tensionadas.
Tras hacer los números con la nueva situación, vio que el retorno del coste de la inversión y de la herencia, añadido a los gastos de mantenimiento del inmueble (reparaciones, comunidad, derramas, IBI, seguro y el IRPF del beneficio), era muy inferior al razonablemente esperado.
Así las cosas, mi amigo ha descartado la reforma que inicialmente se había planteado. “Lo siento mucho, de verdad, pero por culpa del precio al que me limitan el alquiler, no invertiré nada en renovar el piso. Se quedará como está”, me dijo.
Es más, la entrada del edificio también requiere una rehabilitación a fondo. Sin embargo, en tales circunstancias, mi conocido asegura no tener el más mínimo incentivo para invertir en ello, por lo que en las reuniones de la comunidad votará en contra de cualquier reforma y tratará de que los demás propietarios también se opongan a ella.
No le falta razón a mi amigo. Entre algunos de los efectos negativos de la limitación de los precios del alquiler está, sin duda, el progresivo deterioro de los inmuebles.
Pero la campaña contra los pequeños propietarios por parte de algunos gobiernos y partidos políticos sigue a toda máquina. Craso error.