El independentismo catalán sufre de forma muy pública en los momentos cumbre. Junts y ERC lo demostraron cuando estaban condenados a entenderse en el otoño caliente de 2017. Lanzaron un pulso al Estado y este les respondió con todas las herramientas que tenía; y en los momentos de mayor tensión, los impulsores de las llamadas políticas de desconexión apuntaban que se las creían a medias, algo diferente al teatro ante las masas. Fue la verborreica Clara Ponsatí la que ha manifestado de forma más clara lo que ocurrió esas semanas: admitió que el Govern “jugaba a póquer” e iba “de farol”.
Siete años después, la situación no ha mejorado. Las negociaciones entre PSC y ERC para desbloquear la investidura de Salvador llla avanzan, y la costellada-contraofensiva de este sábado en el sur de Francia de Carles Puigdemont ha sido, estrictamente, otra comida con militantes ultramovilizados. Sí que ha conseguido, en plena operación salida, que 2.000 personas -siendo muy generosos, ya que fue la cifra que dio Junts- le acompañaran en su máxima ocupación desde que huyó de la justicia a Francia, sembrar el caos en Cataluña. Y esto ahora implica desestabilizar a ERC para que las bases rechacen el pacto con los socialistas.
A nadie le ha pasado desapercibido que Puigdemont está a años luz de la movilización que tenía antaño. Su particular crisis quedó clara con los movimientos en la ANC, liderada ahora por un Lluís Llach que intenta disimular su pérdida de influencia incluso con una movilización de la Diada descentralizada. Este sábado relució de nuevo que el líder de Junts ha tenido mejores momentos. Insiste en que regresará, pero incluso sus allegados reconocen que se encuentra ante el abismo. Una investidura de Illa le empuja a la irrelevancia política y solo le queda interpretar el papel al que siempre se ha resistido, el del mártir que cruza la frontera para acabar en la cárcel.
Tensionaría la investidura, sí; pero, ¿a cambio de qué? ¿Junts mejoraría realmente los resultados ante una repetición electoral? ¿Puigdemont llegaría a ser presidente desde prisión? La demoscopia insiste en lo contrario. Los socialistas volverían a vencer y el independentismo no sumaría. De hecho, el gran beneficiado sería Aliança Catalana, el partido ultra e indepe de Sílvia Orriols.
Los republicanos pedalean para preparar la investidura en la primera semana de agosto, pero el lío interno del partido amenaza con dejar en nada las previsiones de Marta Rovira y su equipo. Especialmente por su falta de control y de trabajo con las bases en la consulta telemática que se lanzará, cuyo resultado es imprevisto, por desesperación de los que exigen hacer análisis realistas sobre sus opciones de futuro. Es decir, Oriol Junqueras y sus allegados. Lo tienen todo a su favor para tomar el control del partido en noviembre -los 2.000 apoyos iniciales del manifiesto son inequívocos-, y lo único que piden es que, entonces, quede partido.
Mientras, el gobierno en funciones se reivindica. Es otra de las muestras del guirigay en el que se ha convertido ERC. Roger Torrent, que no es diputado, saca pecho de su papel en la consejería de Empresa como forma de autoreivindicación personal; Carles Campuzano firma traspasos e inaugura instalaciones, otra fórmula de lucimiento de la gestión realizada, lástima que dejará el lío que ha generado con las residencias, que se juegan su concierto; un caramelo envenenado para su sucesor a la altura del que el propio presidente, Pere Aragonès, ha rubricado al ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat en casi el último Consejo Ejecutivo de su mandato, una decisión que bloquea la ampliación del aeropuerto de El Prat y acaba de forma abrupta con un debate político que va para largo.
Es la consejera de Economía en funciones, Natàlia Mas, la que apuntala la demanda de ERC de que la Generalitat no puede renunciar a la gestión directa de sus impuestos en el acuerdo de financiación singular con los socialistas. Obvia que ni en el último mandato ni en los precedentes, el Govern ha sido capaz de blindar la operativa de los programas Gaudí y Espriu de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Los funcionarios se quejan de forma amarga desde hace años de los errores que acumulan las plataformas y ahora temen el escenario en el que se pueden encontrar.
ERC ha exigido -y conseguido- los traspasos de competencias que ha exigido al Gobierno. Gestionar es otro capítulo que, por ahora, a los republicanos aún les queda como pendiente.