El pasado 13 de marzo, Pere Aragonés constató que Junts y los Comunes no le aprobarían los presupuestos de 2025. Acto seguido anunció que concluía la legislatura y convocaba elecciones. Desde aquel momento, Cataluña está sin gobierno.

La afirmación anterior puede ser discutida en tanto que la maquinaria administrativa de la Generalitat aún funciona, pero de sobra es conocido que, con un ritmo endiabladamente lento, apenas de mantenimiento de los servicios básicos y sin capacidad para adoptar decisiones o establecer políticas de corto y medio plazo.

Además de resolver su gravísima crisis interna, los republicanos del Govern se dedican a dejar sus cosas resueltas. A saber: colocar en plazas de por vida a algunos colaboradores (como se ha denunciado en el Incasòl) o a convertir en Major de los Mossos de Esquadra a un comisario de su cuerda. Poco más.

De ERC y los Comunes depende que Cataluña eche a andar de nuevo. Tienen en su mano facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) o convocar nuevas elecciones. Está en su decisión darle pábulo a Carles Puigdemont (Junts), despedazarse en las urnas y alargar la decadencia catalana unos meses más o, por el contrario, investir al candidato socialista.

El límite parlamentario de finales de agosto se aproxima y si antes de esa fecha no resulta posible contar con un presidente para el Ejecutivo catalán, los ciudadanos regresarán a las urnas el 13 de octubre. Serán seis meses más perdidos en la gobernación de un territorio con una fuerte presencia e influencia del sector público autonómico. Pero, además, cuando se haya votado de nuevo, según el resultado que pronostican las encuestas, se iniciará un nuevo periodo que puede tener similares bloqueos. El reloj de la decadencia seguirá con la acumulación de tiempo perdido.

Pese a sus cuitas internas, una cainita y fratricida lucha entre clanes de poder, si el grupo parlamentario de ERC decide amparar la inestabilidad, su futuro como partido determinante será aún más complicado. Los partidarios de Puigdemont ya les humillaron al dejarles caer del gobierno. Se usó el pragmatismo de sus últimas decisiones para convertirlos en unos traidores a la causa nacionalista. Si votan en contra de Illa y se convocan otras elecciones, el riesgo de regresar a la insignificancia de antaño aumenta, además de propiciar una progresión de la ultraderecha de obediencia catalana.

Por esas razones anteriores, y aunque deban colocarse una pinza en la nariz, los diputados de ERC tienen pocas posibilidades de proseguir en el cargo que no pasen por dar un voto favorable al presidenciable socialista. Algo similar ocurre en el ámbito de los Comunes. Podemos logró más votos que ellos en las recientes europeas y por más que Ada Colau conspire en la trastienda, todo apunta a un nuevo retroceso en el interés de sus propuestas para los electores. En consecuencia, las dos formaciones propietarias de la llave para dar paso a un gobierno en minoría del PSC están igual de condicionadas en su actuación: con una investidura del líder del PSC y en lo relativo a resolver sus problemas internos.

Illa deberá ser astuto y proponer algunos caramelos políticos que dificulten la negativa. La reforma de la financiación autonómica, coordinada con Moncloa, es una de las que estará sobre la mesa. Por debajo habrá otras, menores, pero tranquilizadoras para los que voten a su favor y deban soportar la aguda crítica del puigdemontismo ultramontano que lidera el nacionalismo en Cataluña, ahora con el visto bueno de Jordi Pujol y Artur Mas.

Las negociaciones avanzan a buen ritmo estos últimos días. Tanto como el desengaño de la opinión pública. Son escasos quienes confían en que la inestabilidad política catalana pueda tener solución. Crece a diario el número de apocalípticos que imaginan un horizonte de caos permanente en el que siempre los mayores beneficiados son el Quijote Puigdemont y su fiel escudero Gonzalo Boye. Los tribunales españoles se lo van a poner muy complicado al prófugo. Su voluntad de regresar gracias a la ley de amnistía se aleja. Quienes conocen con más profundidad al líder de Junts insisten en que la valentía no es una de sus virtudes y que solo le convendría regresar convirtiéndose en un mártir de la causa ante una nueva llamada a las urnas. Con él encarcelado y pidiendo el apoyo de sus partidarios desde prisión, ERC bajaría a los infiernos del resultado electoral. Tampoco existe, dicho sea de paso, ninguna garantía de que el prófugo pudiera vencer a Illa en las votaciones.

Del compromiso de republicanos y comunes depende el futuro inmediato de la política catalana. Ellos pueden abrir la puerta a más meses sin gobierno o dar carpetazo al desorden. Pese al carácter asambleario de ambas formaciones políticas, el escenario más probable hoy es que Illa esté cómodamente sentado en el Palau de la Generalitat en septiembre próximo. Quizás el periodo vacacional y la relajación estival faciliten una negociación con menos exposición pública y más efectiva. Parecerá un contrasentido, pero la responsabilidad final de quienes han sido los artífices de los últimos problemas de la autonomía son la única esperanza de una amplia mayoría de catalanes para avanzar hacia la normalización.