Dicen que en Cataluña hay, por fin, una mayoría constitucionalista. Para llegar a esa conclusión, se suman los diputados del PSC (42), PP (15), Vox (11) y Comuns (6), lo que da 74 escaños, y se contraponen a los de Junts (35), ERC (20), la CUP (4) y Aliança Catalana (2), que suponen 61 escaños.
Sin embargo, yo no veo esa mayoría constitucionalista por ninguna parte.
Para que así fuera, debería ser posible que los cuatro partidos pudieran llegar a algún acuerdo de gobernabilidad con los que oponerse a los independentistas, y no hay ningún indicio de que eso sea posible.
Es más, no ha habido ninguna señal por parte del PSC --encargado de liderar las conversaciones para formar gobierno-- de que esté dispuesto siquiera a hablar, no ya con Vox, sino con el PP.
Y aún más, el único acercamiento negociador que se conoce por parte de Salvador Illa se ha dirigido a ERC, es decir, al segundo partido secesionista más importante de la Cámara autonómica con el objetivo de reeditar un tripartito junto a los Comuns (o, al menos, para lograr su investidura).
¿Qué sentido tiene entonces hablar de mayoría constitucionalista? Si no hay la menor posibilidad de que los partidos constitucionalistas (o los no abiertamente separatistas) formen un bloque estable, suena a broma hablar de mayoría constitucionalista.
Así, si la solución para superar el procés, a pesar de que la aritmética parlamentaria lo haga innecesario, pasa por tender de nuevo la mano a quienes siguen proponiendo la destrucción del Estado, lo más probable es que lo que se consiga sea --más pronto que tarde-- la resurrección del procés, si es que alguna vez murió de verdad.
Porque, si los padres siguen necesitando acudir a los tribunales para que sus hijos reciban un miserable 25% de la enseñanza en español, eso significa que el procés sigue vivo.
Si los que promovieron y lideraron el intento de secesión unilateral e ilegal no tienen un castigo penal y (sobre todo) político, sino que se les rehabilita para que vuelvan a las andadas, eso significa que el procés sigue vivo.
Si la propuesta de convivencia del Gobierno de España pasa por recuperar e intensificar la fracasada política de contentamiento de los nacionalistas, eso significa que el procés sigue vivo.
Si la forma de superar los años de tensión secesionista pasa por avanzar en las desigualdades entre CCAA con la cesión de mayores competencias (ya no hablemos de una financiación “singular” para la Generalitat) y, por tanto, de mayor desigualdad entre los ciudadanos españoles, eso significa que el procés sigue vivo.
Si la Generalitat y los ayuntamientos (con contadísimas excepciones) siguen pisoteando de forma sistemática, abrumadora e impune los derechos de los catalanes castellanohablantes en la rotulación pública, eso significa que el procés sigue vivo.
Si el Gobierno es incapaz de aplicar algo tan simple y básico como la ley de banderas en centenares de ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por el PSC), eso significa que el procés sigue vivo.
Y es que mis amigos terceristas se congratulan de la “mayoría constitucionalista” en el Parlament y de que el procés ha muerto. Pero yo no soy capaz de ver ninguna de las dos cosas.
Lo que a mí me parece es que el procés no solo no ha muerto, sino que ha triunfado de forma rotunda.