Miguel Ángel Fraile fue durante 31 años el líder de la todopoderosa patronal del comercio de Cataluña, la Confederació del Comerç (CCC). En los círculos periodísticos se le conocía como el Señor 3%, ya que ese era el porcentaje de incremento de las ventas que pronosticaba en los primeros compases de cualquier calendario de rebajas que se diera. Siempre estaba dispuesto a valorar cualquier hecho relevante que tuviera lugar en su sector y, aunque no tuviera en la cabeza los datos más rigurosos, se lanzaba a la piscina. Controlaba la actividad, por lo que no protagonizó grandes patinazos y se ganó el cariño de los medios.

Los problemas de Miguel Ángel Fraile ya se daban entonces, cuando era el gran patrono del comercio en Cataluña, por cómo organizaba su Confederació del Comerç. La patronal eran básicamente él y su mujer, y no disimularon jamás los intereses cruzados entre familia y organización empresarial, gestionada en demasiadas ocasiones como una pyme. Tenían el monopolio de la organización y hablaban en nombre del comercio, un sector que no es precisamente menor en Cataluña.

Pero lo que durante años fue una cuestión curiosa que se comentaba con más o menos saña, era en realidad una organización criminal al uso. Así lo considera la Policía Nacional en su investigación sobre la Confederació del Comerç, que quebró en el verano de 2016 y se disolvió poco después envuelta en pérdidas. La instrucción realizada por el cuerpo de seguridad destaca que la patronal no sólo tenía una gobernanza poco común para aquellos tiempos, sino que era el modus vivendi de una familia, la de Fraile.

El expatrono ya se ha defendido. Ha negado cualquier mala praxis ante el juez y que desviara fondos de la organización empresarial que gestionaban. Según su relato, un cambio legislativo golpeó las finanzas de la patronal del comercio en un momento delicado. Incluso ha mantenido que había diseñado un plan de viabilidad que no pudo ejecutar porque le despidieron. Cuando ocurrió, la Confederació del Comerç estaba quebrada.

Es verdad que la sociedad se liquidó sin culpar a nadie, pero también que eso ocurrió con la instrucción de una causa penal abierta que ahora ha llegado a los tribunales. Miguel Ángel Fraile se juega ocho años de cárcel porque, entre otras cosas, la actividad que los instructores del caso han detectado es, como mínimo, complicada de justificar.

Lo que más ha llamado la atención, además de las compras al detalle en tiendas de lujo o la contratación del mantenimiento de una piscina, son las constantes retiradas de efectivo que hacía de las cuentas de la patronal. Era habitual que sacara 600 euros del cajero, una práctica que se intensificaba en Navidad.

Fraile realizó operaciones de efectivo incluso cuando los trabajadores no cobraban (la organización no tenía los fondos y la situación se prolongó varios meses) y los administradores de empresas de formación se manifestaban en la puerta porque tampoco cobraban.

Al final, el apodo Sr.3% le fue como anillo al dedo.