Que la Unión Europea envíe una misión para investigar qué pasa con el modelo lingüístico en la educación catalana debería ser motivo suficiente como para que saltaran todas las alarmas en nuestro país.

Que la jefa de la delegación europea, la estonia Yana Toom, advierta de que el sistema de inmersión obligatoria exclusivamente en catalán “no funciona muy bien” debería activar a la inspección educativa para tomar cartas en el asunto.

Que los eurodiputados desplazados a Barcelona denuncien que la Generalitat no les ha proporcionado la información requerida y que han sido tratados con hostilidad y acusados de “racistas y fascistas” debería empujar al Gobierno a dar una respuesta inmediata y contundente.

Pero nada de eso ha ocurrido ni va a ocurrir.

A la espera del informe que la misión europea presentará dentro de tres meses, las declaraciones de la jefa de la delegación son una esperanza para los afectados por los atropellos lingüísticos del Govern y un bálsamo para los que lideran la oposición desinteresada a estas injusticias, encabezados por la incombustible Ana Losada (AEB).

Como era de esperar, la Generalitat ha lanzado toda su artillería contra la delegación comunitaria y contra los sometidos a la inmersión. Y como siempre, los voceros nacionalistas han acusado a las víctimas de verdugos.

En realidad, eso ni es nuevo ni tiene por qué cambiar. Al fin y al cabo, es normal y presumible que los malvados, los rufianes, los desalmados y los ruines se comporten como tales.

Lo bochornoso sigue siendo el silencio del Gobierno. Bueno, ni siquiera eso. Apenas unas horas después de las denuncias de la UE, el presidente Sánchez se reunía con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y se comprometía a aprobar “una ley orgánica de garantía del plurilingüismo” que "garantice el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en catalán". Pero ni una palabra para garantizar que los niños catalanes puedan recibir una parte de la educación en español.

La presidenta de la delegación europea ha dejado claro que el modelo educativo catalán no tiene nada de bilingüe ni de éxito. En cambio, ha calificado como “éxito del bilingüismo” el sistema que se aplica parcialmente en uno de los colegios a los que la justicia ha obligado a aplicar el 25% en castellano. Y ha puesto como ejemplo su país natal, Estonia, donde la comunidad rusófona puede recibir parte de su educación en ruso.

De lo que ya no queda ninguna duda es del aval del Gobierno de Sánchez, del PSOE y del PSC a la inmersión obligatoria en catalán. Es decir, al atropello de los derechos lingüísticos de los catalanes castellanohablantes.

Sin embargo, los no nacionalistas tal vez puedan sumar a la UE como aliado a su lucha por el bilingüismo, en la que hasta ahora apenas podían contar con los tribunales.