Esta semana hemos explicado en Crónica Global que el Instituto Catalán de la Retina ha sufrido un ataque informático interno que el grupo sanitario, a preguntas de este medio, no ha querido comentar. 

Y es que la presencia mediática del ICR es mínima. Paradójicamente, este lucrativo negocio se levanta hercúleo en el número 117 de la calle Ganduxer, allí donde solía morar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en el pasado. Esquina con doctor Carulla, una de las mejores zonas de la ciudad, acaso la más cara. 

Poco se conoce del Institut, pues su presencia en medios es mínima. Metrópoli ha detallado que es un negocio boyante, con una facturación que alcanza los 31 millones de euros al año, un beneficio neto de dos y un dividendo acumulado de seis millones en cinco ejercicios. 

Fundado por el prestigioso doctor Ramon Martí Bonet, fallecido en 2021, su familia sobrevive al frente de una corporación tímida con la prensa, pero 100% d'aquí. Con este endogámico accionariado, se ha convertido en uno de los grupos punteros en oftalmología en Cataluña. 

Eso sí, a su encomiable trabajo --450.000 actos médicos al año, de los cuales 20.000 cirugías-- se le suman, también, buenas relaciones. En este caso, con el Arzobispado de Barcelona, en el que el sacerdote Josep Maria Martí Bonet, hermano del malogrado doctor Ramon Martí, tiene mucho peso. El Martí religioso lo ha sido todo en la Iglesia catalana. Director del Archivo Diocesano de Barcelona y del Museo Diocesano y canónigo conservador de la Catedral de Barcelona. Es delegado episcopal de Patrimonio Cultural, Creu de Sant Jordi (1990), presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia y exmiembro de la Comisión Mixta Estado-Iglesia. 

Sin que ambas cosas tengan que ver, el ICR ha pasado de pequeña clínica en Terrassa y Barcelona --ante la Clínica del Remei-- a lugar de peregrinación de la Barcelona elegante, penetrando en hospitales de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu y en otros comarcales en los que sus competidores afean que haya entrado "sin concurso público". Y en los que algunos, como en La Seu d'Urgell, tenía presencia el arzobispado, en este caso el de Urgell. 

Estos movimientos se han ejecutado no siempre sin fricciones, ya que, por ejemplo, en 2014, los sanitarios del ICS denunciaron que la oftalmología del Hospital de Viladecans, 100% pública, se privatizaba en parte para cederla al ICR, con presencia en el vecino Hospital de Sant Boi, en el que participa el Institut y que depende, en efecto, de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu. 

En Sant Boi, el área oftalmológica la debía llevar el prestigioso doctor Mansur Raslan (Clínica Oftalmológica Tetuán), pero alguien cambió de opinión en el último momento, intercesión mediante, y se la quedó el ICR. 

Se trata en efecto de una de esas alianzas estratégicas que parte del sector defiende porque aportan "eficiencia y sinergias" y otra parte ve rayanas a lo "inmoral". Por la excesiva porosidad entre lo público y lo privado, se entiende. 

No es ningún secreto que la oftalmología ha sido campo de batalla de fuertes intereses empresariales y políticos, y el caso paradigmático es el de Clínica Girona. 

El asunto del ICR es, pues, uno de aquellos en los que conviene agudizar la vista. No cabe la menor duda en que la laboriosa viuda del doctor Martí, Mireia Escudé, y sus hijos han levantado el negocio hasta sus ventajosas posiciones actuales con la confianza de las mutuas, pero convendría también escrutar qué relación ha tenido el grupo sanitario con el sector público y si en esta ligazón han regido siempre los principios de transparencia y concurrencia. 

Lo contrario sería ejercer la miopía, y convendrán conmigo en que la vista de los medios de comunicación debe ser larga y aguda. Por mucho que a algunos les guste quedar a resguardo de la mirada ajena.