Hay cordones electorales que no necesariamente son ideológicos. El veto que en las elecciones autonómicas de 2021 firmaron Junts per Catalunya (JxCat), CUP, Primàries, PDEcat y la CUP contra el PSC tenía más de boutade que de esencialismo soberanista. La realidad echó por tierra esos supuestos principios, pues Junts ya había pactado con los socialistas el gobierno de la Diputación de Barcelona y ERC había secundado pactos contra natura en Figueres y Sant Cugat del Vallès con el partido de Salvador Illa para impedir que los neoconvergentes, ganadores en las municipales de 2019, accedieran a la alcaldía.

La misma lucha por el poder que pesó tanto en la unión de los partidos secesionistas para impulsar el procés está detrás de su fragmentación. La que acaba de propiciar un pacto entre ERC y PSC en las diputaciones de Tarragona y Lleida. Y los que vendrán.

De ahí que aquel lema de “todos contra el PSC” de hace dos años sea visto ahora como parte del grotesco espectáculo soberanista que incluía cruces amarillas y zombis patrióticos (¡qué grandes momentos nos dio Anna Erra, actual presidenta del Parlament, cuando era alcaldesa de Vic!).

Sobre esos cordones políticos hay precedentes. En 2006, Artur Mas firmó ante notario que nunca pactaría con el PP. De poco le sirvió, porque el tripartito formado por PSC, ERC e ICV volvió a sumar. Tres años antes, por cierto, el gobierno de progreso también rubricó la expulsión de los populares como posibles aliados (Pacto del Tinell). Mas se pasó por el forro su veto al PP cuando, en dos ocasiones, pactó los presupuestos de la Generalitat con Alicia Sánchez-Camacho.

Así es la historia política que nos ha tocado vivir, cargada de dobles varas de medir. Hay que recordar que uno de los principales instigadores de ese rechazo a los socialistas es Oriol Junqueras. Su rencor hacia Miquel Iceta –asegura que no le visitó en la cárcel cuando cumplió condena por el 1-O— se ha traducido en repetidos intentos de excluir a Illa como aliado. El más significativo, y también el más infructuoso, fue su oposición a que Pere Aragonès pactara sus presupuestos de 2023 con el PSC.

Parece que al presidente catalán se le empieza a agotar la paciencia, pues lo que menos necesita el republicano ahora, una vez liberado de los intentos de control de Carles Puigdemont desde Waterloo, es que el líder de ERC cuestione sus decisiones. Sobre todo porque el partido acaba de sufrir una debacle electoral.

No están los tiempos para despreciar posibles alianzas. El reciente cese de tres consejeros de la Generalitat, todos ellos miembros del entorno de Junqueras, resulta, en este sentido, especialmente significativo en ese empeño de Aragonès por marcar perfil propio. Y parece que comienzan a verse los resultados. La nueva consejera de Territorio, Ester Capella, ha asegurado que el Govern cumplirá los acuerdos con los socialistas sobre la B-40 (la ronda que debe unir Sabadell, Terrassa y Castellar, conocida como el Cuarto Cinturón), mientras que su predecesor, Juli Fernández, se había dedicado a marear la perdiz. Veremos.

De cordones sanitarios va también el caso Ripoll. Todos los grupos municipales se han conjurado para evitar que Sílvia Orriols, independentista de extrema derecha que ganó las elecciones con un discurso racista y xenófobo, se haga con la alcaldía de esta ciudad, cuna de los terroristas del 17A. Este tipo de frentes comunes, como se ha visto, no suelen ser demasiado exitosos.

En este caso, vendría legitimado porque Orriols representa todo lo que un Estado de derecho no se puede permitir. Predica la discriminación, el odio, la exclusión… Está claro que a este personaje se la trae al pairo la Constitución española y las leyes que prohíben discursos como el suyo.

¿Qué hacer con Orriols? Quizá evitar que crezca a fuerza de victimismo y a lo mejor eso pasa por dejar que sea alcaldesa para tumbarle todas sus ocurrencias. Siempre hay tiempo para una cuestión de confianza porque la mayoría alternativa existe. Pongamos a prueba la capacidad de esta ultra para cumplir sus absurdas ideas, propiciemos que todas y cada una de sus ofensas sufran un revolcón en los plenos municipales.