La responsable de Urbanismo y número tres de Ada Colau en Barcelona en las elecciones municipales del 28 de mayo, la teniente de alcalde Janet Sanz, ha proclamado solemnemente que las autopistas urbanas se han terminado. Faltan datos para rebatir tamaña afirmación, pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que lo que continúa bien vivo son las cloacas del urbanismo. Alcantarillas que ha emponzoñado como si fuera una raspútitsa a todos y cada uno de los concejales del ramo anteriores en Barcelona, pues la construcción urbana de la capital catalana no es un plácido ejercicio de mapas y tiralíneas como lo pinta Sanz con los ya famosos renders cuquis de las superillas, sino una guerra silenciosa, soterrada, con denuncias que van y vienen, coacciones de salva corta y querellas que se envían y se devuelven. 

Tomen como ejemplo la investigación que sigue la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) contra el área de Urbanismo de Barcelona. Se trata de dilucidar si el equipo de Janet Sanz adjudicó un contrato de urbanismo táctico por 1,2 millones de euros públicos a dedo. Es un potencial minicaso Laura Borràs. No solo eso, sino que hay indicios de que se pudieron pedir presupuestos falsos a otras empresas cuando el sector se quejó del procedimiento. Pues bien, esas pesquisas llevan tres años en marcha --¿o en un cajón?-- y no, no tiene pinta de que la conclusión se vaya a emitir antes de los comicios locales que se celebrarán dentro de un mes. No sabremos si hubo indicios de corrupción en el urbanismo táctico de BComú cuando vayamos a votar el 28M, vaya. 

Hay más cloacas. O, cuanto menos, operaciones que huelen mal, que atufan a kilómetros. Tomen la recalificación de las Tres Chimeneas de la avenida Paral·lel, por ejemplo. Un pelotazo inmobiliario de toda la vida en el perímetro de la almendra central de Barcelona que si la llegan a hacer el PSC, Xavier Trias o ERC, los comunes hubieran agotado el fondo de armario de pancartas en contra. La conversión urbanística la protagoniza el asset manager e inversor inmobiliario Conren Tramway. La sociedad de los hermanos Hugas sacará una plusvalía estimada de 22 millones de euros, de los cuales la mitad, 11, serán para el Ayuntamiento de Barcelona. 

Pero es que Conren también impulsa el nuevo barrio de la antigua fábrica Mercedes en la zona del Bon Pastor, cuyo plan urbanístico primigenio vulneraba la volumetría máxima y tuvo que rehacerse deprisa y corriendo. El supuesto quartier de nuevo cuño será verde, rezan los cuasi publirreportajes publicados en varios medios, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Barcelona, Urbanismo, sí, no ha contestado las alegaciones vecinales hasta que estaba aprobado. Mal inicio para la supuesta ecosostenibilidad, ¿verdad señora Sanz?

Verde o no, las operaciones de las Tres Chimeneas y la antigua Mercedes huelen a doble pacto municipal con una sociedad inmobiliaria que nada tiene de filantrópica. Lo dicho: los comunes pactando con un inversor urbano agresivo. Lo llega a hacer otro partido y se azuza a los vecinos para que la detengan entre eslóganes grandilocuentes y discursos de que se está vendiendo la ciudad. Pero no ha pasado; o se han pactado o se han tolerado ambas operaciones --tras un fingido enfado municipal y ultimátum a Conren que nadie se creyó, pues se veía impostado a leguas-- como mal menor. Y aquí paz y después gloria. 

Un mismo pacto que, dicen, se ha logrado con Praktik Hoteles para que se olvide de una doble reclamación judicial porque Urbanismo y Janet Sanz le vetaron dos hoteles en la zona de Drassanes. La cadena de la familia Trénor tenía el derecho urbanístico ganado, pues la justicia había tumbado el antiguo plan de usos de Ciutat Vella. Renunció a dos hoteles a cambio de una residencia de estudiantes y, anunció, interpuso reclamaciones patrimoniales por valor de 70 millones de euros.

Nada sabemos de esas acciones judiciales, salvo que tiempo después aflora que Praktik, una hotelera, entra misteriosamente en la rehabilitación del abandonado Teatro Principal de Las Ramblas con el plácet municipal --Ada Colau llegó a visitar el recinto-- y aquí no ha pasado nada. Sí ha pasado, que se descubre que el plan urbanístico anterior del Teatro, aprobado, contempla un hotel encubierto. ¿Otro pacto? Todo el mundo lo niega, claro, pero el Principal sigue cerrado, el proyecto está parado y su nuevo promotor lo ha limpiado y ya. No hay obras, pese a que, en teoría, el nuevo Principal de Prakitk debería reabrir en 2024, esto es, en siete meses. 

Quizá no lo hará hasta el próximo mandato, o el siguiente, con el ya citado hotel incorporado, cuando los comunes ya no estén. Vaya usted entonces a protestar de que abre otro hotel en las saturadas Ramblas. 

Más desagües urbanísticos: el acuerdo al que se ha llegado con Brookfield para autorizarle una macrorresidencia de estudiantes a pie de la avenida Paral·lel, muy cerca del pelotazo de Conren Tramway. La tramitación fue de todo menos regular y ha terminado con derivadas de las que se darán cuenta en el futuro. 

Sin perjuicio del sumidero que es el caso Buenos Aires, donde se vetó un hotel de lujo en la antigua mansión de Sarrià-Sant Gervasi y el ayuntamiento no solo entendió la okupación del bloque, sino que la protegió con actuaciones suaves de la Guardia Urbana, que tuvo que acudir ocho veces al resort abandonado y allanado porque se estaban haciendo juergas a todo decibelio. No detuvo ni identificó a nadie, claro. Finalmente, Urbanismo compró el inmueble, enterró el proyecto hotelero y provocó una querella penal por la que sigue imputada Janet Sanz. 

Es la última muestra de que si bien quizá no habrá más autopistas urbanas en Barcelona, lo que sí habrá son cloacas urbanísticas. Porque la concejalía del ramo es una trinchera entre Administración y privados, siempre lo ha sido, también con los comunes. Así que, por lo menos, aseguren apariencia de buena gestión, si es que no la pueden ejecutar, y den menos lecciones.