Nos lo temíamos, aunque albergábamos alguna esperanza de que no fuera así. La nueva Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha asumido la línea de su antecesor, el infame Rafael Ribó, y ha vuelto a la carga contra la aplicación del 25% en castellano en las escuelas catalanas.

Lo ha hecho en el informe anual de la Sindicatura que se ha presentado hace unos días. En él, se arremete sin piedad contra las innumerables sentencias de los tribunales que establecen que, al menos, una cuarta parte del horario lectivo se imparta en español.

Dice la Síndica que “el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza se puede garantizar sin necesidad de aplicar una proporción mínima, que no se fundamenta en la realidad sociolingüística de los centros ni en los criterios pedagógicos y sociolingüísticos. La realidad heteroglósica de las aulas es contradictoria con la imposición de una proporción rígida de monolingüismo”.

Hombre, señora Giménez-Salinas, casi cuatro décadas de aplicación de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que hay sentencias desde hace más de 30 años que advierten de su ilegalidad, demuestran que la única forma de garantizar la enseñanza bilingüe es mediante el establecimiento de porcentajes mínimos de uso.

Además, el propio informe de la Sindicatura señala, unas líneas antes, que “en los lugares donde la presencia de algunas de las lenguas oficiales es más baja, la escuela debería reforzar la competencia lingüística del alumnado en estas lenguas”. Lo que se puede traducir por un modelo bilingüe con más clases en catalán en Hospitalet y con más clases en español en Berga.

Sin embargo, la Sindicatura también admite que eso no se cumple. Y este hecho es, precisamente, un argumento más para establecer porcentajes mínimos de uso de cada lengua, y no lo contrario, como defiende Giménez-Salinas dos párrafos después.

Es decir, la experiencia de estos últimos 40 años, junto a las dinámicas actuales de las direcciones de los centros y a la influencia de los partidos y asociaciones nacionalistas en la escuela, hacen imposible implantar un modelo bilingüe sin fijar unos porcentajes mínimos de uso de lenguas en el horario lectivo.

Además, se equivoca la Síndica cuando critica “la imposición de una proporción rígida de monolingüismo”. Imposición, sí, solo faltaría, para garantizar los derechos de los catalanes castellanohablantes. Pero de proporción rígida, nada. Al contrario, se trata de proporciones flexibles. Superflexibles. El 25% solo es el mínimo que hay que garantizar en cada lengua. A partir de ahí, flexibilicemos. En algunos colegios podría aplicarse un 50% en cada lengua (además de una lengua extranjera), lo que debería ser la situación normal. En otros, 40%-60%, 45%-55% o 60%-40%. El 25% no es rígido, señora Giménez-Salinas. Solo es el mínimo para evitar que se sigan pisoteando los derechos de algo más de la mitad de los catalanes.

Y, al contrario de lo que dice la Síndica en otro punto, el español sí es “residual” en la educación en Cataluña. Al menos, en el horario lectivo. No vale apelar a la trampa que se inventó Ribó de incluir como uso de una lengua en la enseñanza las conversaciones de los alumnos en el patio y en el comedor, o las charlas entre ellos en las clases. Eso ya no cuela.

Al menos, la nueva Síndica ha tenido una mínima vergüenza como para no repetir el mito de que los alumnos catalanes dominan el castellano mejor que los del resto de España. Ahora, el mantra con el que quieren vendernos la inmersión es que “el nivel de competencia en castellano del alumnado catalanoparlante es mayor que el nivel de competencia en catalán del alumnado hablante de otras lenguas”. En fin.

No sé si es nacionalista la señora Giménez-Salinas, pero lo cierto es que sus informes sobre el uso de la lengua en la escuela los podría firmar el más ultra de los nacionalistas.

Para este viaje no hacían falta alforjas, Esther.