Resulta inquietante que algunos constitucionalistas insistan en defender que ERC se ha moderado. Dicen que se ha bajado de la parra, que ha asumido su error con el procés y que ha retomado el camino del pragmatismo y de la legalidad.

Lo cierto es que no hay ningún elemento que avale ese argumento.

Sí, es verdad que los dirigentes de ERC ya no se pasan el día amenazando con ninguna declaración unilateral de independencia, pero eso no debe tomarse como un síntoma de moderación sino como el abandono de actitudes suicidas y la negativa a perder las cotas de poder que tanto le ha costado conquistar.

El ejemplo más palmario de que ERC sigue instalada en la más absoluta radicalidad es su campaña contra los catalanes castellanohablantes. Los de Junqueras y Aragonès han puesto y siguen poniendo todos los impedimentos a su alcance para eliminar el bilingüismo en las escuelas. Y, además, lo hacen evacuando toda la bilis que son capaces de producir.

Es el caso del consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, quien aprovecha cualquier oportunidad para presumir de su cruzada contra los estudiantes que tienen el español como lengua propia.

Este miércoles, durante un debate en el Parlament, Cambray ha alardeado de haber frenado la implementación del 25% de las clases en castellano en todo el sistema escolar, tal y como ordena la justicia.

“Ante unas injerencias judiciales, y ante una sentencia firme, nosotros lo que hicimos fue dar una respuesta de país. Y nos dotamos, el 80% de esta Cámara, de una nueva ley, y también de un decreto-ley del Govern, que han hecho inaplicable el 25% de castellano en las aulas del país [en referencia a Cataluña]”, señaló el dirigente de ERC.

Se trata del mismo personaje trasnochado que hace unas semanas calificó de “aberrante” y “retorcido” el último auto del TSJC ordenando aplicar el 25% en castellano en una escuela. Un auto que, por cierto, ridiculiza la arrogancia del conseller, al que no le queda más remedio que comerse con patatas los nuevos casos individuales de aplicación del 25%.

Esta semana también hemos visto que atropellos como la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán –declarada ilegal por los tribunales y sin parangón en el planeta– empiezan a llegar a instancias internacionales, como la Eurocámara (y, hace unos meses, a la Comisión Europea).

Mientras algunos padres luchan por garantizar los derechos lingüísticos a sus hijos, otros insisten en impedírselo, y no faltan quienes se ponen de perfil ante estos abusos.

Decían que ERC se había civilizado, pero solo era un espejismo.