El alcalde de Junts de Premià de Dalt, Josep Triadó, ha rescindido el contrato con Desokupa sobre asesoramiento para afrontar okupaciones delictivas en la localidad. Con ello, el edil responde a una polémica mayúscula sobre cómo deben gestionar los entes locales un problema de primer orden como son las mafias vinculadas a la toma forzosa de edificios.
El movimiento pone fin (por ahora) a esta cuestión. Pero habrá más, porque la razón de fondo no se ha solucionado. Por un lado, las okupaciones de viviendas con trasfondo delincuencial. Como explica hoy María Jesús Cañizares, los nuevos equilibrios políticos en Cataluña tras la salida de Junts del Govern paralizarán las reformas legislativas --se buscaba reformar el Código Civil catalán-- para luchar contra las okupaciones de tipo delincuencial que causan problemas de convivencia, y que son un quebradero de cabeza para muchos alcaldes y alcaldesas.
El otro motivo de peso, las okupaciones por emergencia social, también siguen sin solución de las Administraciones Públicas debido al insuficiente parque de vivienda protegida. Solo en Barcelona, por ejemplo, la Mesa de Emergencia gestionó en julio, el último mes disponible, 735 familias, de las cuales 696 estaban ya en lista de espera. No hay solución para estos núcleos familiares y el parque de pisos sociales se mueve a ritmo paquidérmico, pese a que Ada Colau desgranó promesas antes de llegar a la alcaldía que incumplió flagrantemente después.
Pero es que Junts, partido en el que se encuadra el alcalde Triadó, también es corresponsable de la situación. El exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que ahora prepara su regreso, dobló la producción de vivienda social, pero el plan de ampliación del parque protegido fue "insuficiente", como reconoció en sede municipal. Durante su mandato se agudizaron los desahucios e incluso episodios vergonzantes, como la venta de parque público a una filial de Azora. Unidades que no se recuperarán, como detalló este medio.
Las razones de fondo existen y los incumplidores, también. Agentes públicos, económicos y sociales deberían abordarlos con calma y tino. Pero todo ello no debe ser motivo suficiente para entregar parte del remedio de la okupación a Desokupa. La empresa de recuperación de inmuebles habrá tenido acierto en algún episodio puntual de okupación mafiosa, pero no son pocos los que, desde una posición conocedora de los entresijos de la compañía, recuerdan que la firma negocia sistemáticamente con los allanadores con dinero sobre la mesa.
De hecho, sostienen, Desokupa alienta involuntariamente la okupación, que dice combatir, al pagar a algunos intrusos para que se marchen. Este medio tiene pruebas de algunas facturas, por ejemplo. Los que conocen la firma, y que leyendo esta columna se reconocerán, sostienen igualmente que la cifra de 7.000 desokupaciones desde 2016 es "poco realista, por no decir inventada". No casa, por ejemplo, con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por las empresas que forman el ecosistema Desokupa.
Y luego está el debate sobre las formas y los métodos, sobre los que han corrido ríos de tinta y no merecen más espacio. Los argumentos de todas las partes se conocen. Pero lo cierto es que Desokupa no es la solución. No lo es por los motivos anteriores, porque (por lo menos) debe aclarar sus métodos y sus cifras de eficacia antes de ofrecer consultoría pagada con dinero público, porque ambos presentan dudas, dicen quienes les conocen por dentro.
El fenómeno de la okupación merece de menos soluciones de mecha corta y más abordaje global, también judiciales y policiales, que dé solución a la panoplia de situaciones que se agrupan bajo una misma etiqueta. Y en Junts deberían recordarlo.