La última encuesta Ómnibus elaborada por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) fija que los ciudadanos catalanes otorgan a los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica, una puntuación de 7,2 puntos sobre 10. El cuerpo aprueba en todas las franjas de edad, con puntas de valoración del 7,8 entre los más mayores. Los votantes de todos los partidos, incluidos los de la CUP, sitúan a Mossos por encima de la barrera del aprobado.
Son datos que afloran la consolidación de la policía regional de Cataluña en un momento de máxima crisis, cuando la Consejería de Interior acaba de destituir al comisario jefe, el quinto policía que pasa por la jefatura del cuerpo en otros tantos años. Así que pese a la interinidad formal que rodea a estos funcionarios, cabe no perder de vista el hecho de que las bases --la confianza ciudadana-- son sólidas.
Quizá por este motivo, algunos representantes políticos deberían tener a bien escuchar el ánimo ciudadano y, también ellos, ayudar a dotar de solidez y confianza a los Mossos. Empezando por asegurar la continuidad en los altos mandos del cuerpo, lo que proyectaría una imagen de continuidad que ahora mismo no existe. Tras ello, solo cabría dejar trabajar a los agentes, de cuya capacidad y solvencia nadie duda.
Como ha explicado la directora adjunta de Crónica Global, María Jesús Cañizares, parte de la imposibilidad de ese dejar trabajar reside en el hecho de que la institución ha caído víctima de la política partidista. Algunas formaciones, sean del color que fueren, han querido influir o tutelar a los funcionarios policiales, aún cuando mucha de la base de esa confianza antecitada parte del hecho de que el trabajo policial debe ser independiente. Si se quiebra ese principio, quebrará también la confianza.
Uno de los episodios menos decorosos en este sentido es el cese en 2021 del jefe de investigación criminal, el intendente Toni Rodríguez. Una salida que ha terminado judicializada. Dicten lo que dicten los tribunales, apartar al encargado de las pesquisas sobre corrupción y enviarlo a una comisaría de Rubí fue un ejemplo de lo que no debería pasar. Por bien que sus sucesores, otros agentes igual de profesionales, hayan tomado las riendas del área.
Ese lance y otros, como la sorpresiva destitución fulminante del comisario jefe Estela de ayer, suponen la digestión pesada del relevo del mayor Josep Lluís Trapero al frente de Mossos. Unos cambios que en algunos momentos han rezumado el color de la improvisación y falta de control y en los peores han cobrado cariz de purga descarnada.
Señores electos: dejen trabajar a los Mossos d'Esquadra. La seguridad es parte del Estado del bienestar y quienes velan por ella deben gozar de medios y personal, además de confianza, para garantizarla. Este campo también --y sobre todo-- es de izquierdas pese a que algunos hayan acampado ideológicamente en él para sacar rédito político. La ciudadanía con menos recursos es la que no puede costearse seguridad privada y privativa, y es aquí cuando la policía encarna más que nunca su cometido de servicio público, tal y como lo son las escuelas y la enseñanza pública o los hospitales y la sanidad común y los funcionarios que operan ambas.
El episodio Estela, comisario jefe que apenas ha permanecido un año en el cargo, ha sido muy poco edificante. Solo queda pedir que no se repita. Mensaje que inequívocamente debe dirigirse a los gestores de la cosa pública. Dejen trabajar a los Mossos.
