Es muy posible que, a estas alturas de debate lingüístico, muchos ciudadanos desconozcan qué es la inmersión. Y si lo saben, es probable que estén condicionados por sus afinidades ideológicas. En realidad, es uno de esos eufemismos que tan a menudo utilizan los nacionalistas para disimular sus intenciones. Si el derecho a decidir era una forma amable de defender la independencia, la inmersión es un vocablo sofisticado que implica erradicación del castellano.

Pese a ello, la defensa de este modelo lingüístico en las escuelas ha roto las costuras soberanistas, hasta el punto de incorporarse al ideario de las formaciones de la izquierda. Los comunes han defendido siempre la inmersión, incluso en las negociaciones que han culminado en un gran pacto para aprobar la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Los socialistas, que también han secundado ese acuerdo, también se resistieron durante años a cuestionar este modelo. Hasta que, ya durante el mandato de Miquel Iceta, el PSC admitió que la lengua podía convertirse en un factor de confrontación social en una etapa postprocés donde la justicia dio firmeza a lo que venía advirtiendo desde hace años: que el castellano no puede quedar excluido del sistema de enseñanza.

La interlocutoria que ordena le ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) va más allá que esa nueva ley, donde se reconoce el castellano como lengua curricular, mientras que el catalán sigue siendo el centro de gravedad en la educación, es decir, vehicular. Los jueces afirman que ambos idiomas deben ser vehiculares. El ciudadano, de nuevo, no está para sutilezas semánticas. Tampoco los tribunales, que han dado a la Consejería de Educación quince días para que explique las medidas que está llevando a cabo para garantizar que el uso de las dos lenguas no será inferior a un 25% en cada caso. Ciudadanos, PP y Vox se equivocan al asegurar que la nueva ley nace para desobedecer a los tribunales. ¿A qué vienen, entonces, las prisas de los independentistas por aprobarla?

El texto, guste o no, responde a esa petición del TSJC. Incluso la CUP afirma que el acuerdo de los cuatro grupos parlamentarios “convierte en ley la sentencia”. Obviamente, tanto los que impulsan la iniciativa como quienes la rechazan se mueven por intereses partidistas. En privado, Ciudadanos y PP admiten que el texto supone un punto de inflexión y que el independentismo ha tenido que transigir ante el reconocimiento del castellano como lengua de aprendizaje. Un gol del PSC que sus rivales constitucionalistas no están dispuestos a reconocer públicamente.

Los antisistema, que han quedado fuera de juego en esta ruptura de bloques, tienen derecho a la pataleta y también a hacer el ridículo, pues una formación que dice luchar contra las elites y el clasismo, discrimina a los castellanohablantes al proclamar que hay lenguas de primera y segunda categoría. Por su parte, ERC y Junts per Catalunya venden su trágala como pueden, poniendo el acento donde más les conviene, en ese carácter vehicular (otra vez) del catalán y en la protección de los profesores. Porque, efectivamente, la desobediencia judicial a la que había instado frivolamente el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, dejaba a los docentes en una situación peligrosa. Y, como se vio en el procés, una cosa es la soflama y otra, rendir cuentas con la Justicia. Ni la mismísima Laura Borràs se atrevió a vetar la inhabilitación del condenado Pau juvillà.

Otra cosa, y ahí es donde se avecina más embrollo judicial, es la aplicación de esa nueva ley, que deja en manos de cada centro la definición de sus proyectos lingüísticos. Tanto la nueva ley como el decreto que prepara el Govern, donde sí habrá un rechazo explícito a las cuotas judiciales --de ahí que los socialistas hayan anunciado que no lo apoyarán-- no solucionan definitivamente el conflicto lingüístico, pues para garantizar esa cohabitación de catalán y castellano, será necesario un papel proactivo de la consejería y, en su defecto, de la Alta Inspección. Es decir, más recursos en un ámbito, el educativo, que sufre un déficit inversor crónico. De ahí las huelgas contra la gestión de Cambray, cuya permanencia en el Govern está cada vez más cuestionada. De ahí el aumento de la brecha social y la segregación.