Ahora se entiende bien por qué la comisión de secretos oficiales llevaba años sin reunirse. La sospecha de que la incorporación de ciertos grupos políticos chocaba con la discreción que marca la ley estaba fundada. Sus miembros más bocamolls, como Gabriel Rufián, que tuvo que matizar su propia incontinencia, lo dejaron meridianamente claro tras la sesión del jueves, aunque el autor de la célebre frase “155 monedas de plata” no fue el único.
Pablo Echenique, dirigente de uno de los partidos que forman el Consejo de Ministros, hizo algo parecido, incluso peor: sigue apuntando a la cabeza de la ministra de Defensa y trata de escudarse en que la directora del CNI no dijo nada que no se hubiera publicado antes, lo que no se ajusta a la verdad de las noticias previas ni a las filtraciones posteriores.
El despropósito llega al punto de que el presidente de la Generalitat emitió un comunicado exigiendo explicaciones en torno a su pinchazo telefónico sobre la base de lo que se había dicho en la comisión secreta: una parte fundamental del Estado boicoteando nuevamente al Estado, y con la colaboración de Unidas Podemos. Una Generalitat que se degrada a sí misma día a día con una gestión de pandereta se empeña en abducir al resto del Estado a la misma jaimitada.
Cabría pensar, en cualquier caso, que hay cierta coherencia ingenua en ERC porque, de la misma forma que en 2019 llamó a colapsar El Prat y la frontera con Francia, ahora simula que se sorprende al notar el aliento de la ley en el cogote. Pero es lo que hay, parece que no se acuerdan de que algunos de sus dirigentes fueron condenados a penas de cárcel y de inhabilitación por hechos parecidos.
Probablemente no sea su propósito, pero ciertos partidos contribuyen al fortalecimiento del llamado deep state y al deterioro de la calidad democrática; favorecen aquello que dicen combatir.
Si nos escandalizamos por los hechos alternativos de la era Trump, cómo no vamos a hacer lo mismo con gente que trata de convencernos de que en España se espía a personas por su ideología, cuando todo el mundo sabe que se vigila a los presuntos delincuentes, aquellos de los que la justicia sospecha por sus actos, no por su pensamiento.
¿Qué barra tiene alguien como Josep Maria Jové, presidente de ERC en el Parlament, que protestaba el viernes a las puertas del Hotel W tras la pancarta España nos vigila? Este señor es el propietario de la moleskine donde estaban registrados los preparativos de la movida del 1 de octubre del 2017, una agenda que cayó en manos de la justicia y que constituyó una prueba importante en el juicio que condenó a los máximos responsables del referéndum ilegal. ¿A quién trata de engañar? ¿Cómo no va a ser objeto de vigilancia un activista tan flojo, meticuloso e imprudente?