Eloi Badia ha evitado otro Can Vies en 2022. Pero, ¿a qué precio? El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona es el responsable político del nuevo convenio de cesión de un edificio municipal por la cara a un grupo de okupas. Con ello, el edil de Barcelona en Comú ha impedido que estallara otro potencial Can Vies, como ocurrió en 2014 con el intento de desalojo de la nave tomada en Sants, que terminó con una semana de algaradas en Barcelona que desgastaron el gobierno municipal de Xavier Trias. Y al entonces teniente de alcalde responsable de Seguridad, Joaquim Forn.
Hoy, en 2022, Eloi Badia ha firmado la paz con los okupas de Gràcia, evitando que estos generen problemas al ejecutivo local de Ada Colau a un año escaso de las elecciones municipales de 2023. Pero todo tiene un precio. Y garantizarse la pax electoral ha costado. Ha costado, concretamente, a los contribuyentes. Para empezar, el edil ha entregado a los intrusos un activo del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab) sin concurso público ni, por lo tanto, concurrencia. Como si Barcelona fuera sobrada de ladrillo en el que habilitar, por ejemplo, vivienda social.
Más inquietante si cabe, el nuevo convenio de Gràcia se ha firmado después de que el distrito incoara una orden de cese de actividad al local. El espacio abusó del permiso administrativo para operar, la Administración actuó y se abrió expediente. Todo ello regular, como a cualquier negocio. Pero es que de esa orden nada se sabe. Desde el Ayuntamiento de Barcelona siempre se dice que "está en trámite", pero debe ser el trámite más largo de la historia: comenzó en noviembre de 2020 y nunca más se supo. Hace 16 meses.
Por contra, ahora Badia toma una decisión administrativa, otro convenio de cesión, que contraviene el expediente anterior de cierre. Estéticamente es preocupante, como mínimo. Y para otros negocios expedientados por el ayuntamiento, lacerante.
Como avanzó este medio, la operativa de los squatters, que impagaron el alquiler social del convenio anterior, generó decenas de intervenciones de la Guardia Urbana. Y unas diligencias de la Fiscalía por ruido que terminaron archivadas. Las denuncias vecinales por molestias alcanzan la treintena, explicó Metrópoli.
Para más inri, el activo del Imhab se cede a una asociación que no figura inscrita en el registro del departamento catalán de Justicia. ¿Está registrada? ¿Paga impuestos? ¿Quién la forma? ¿Está capacitada como otros gestores del tercer sector para administrar un activo municipal?
El asunto ya no es que pinte mal, si no es que, tal y como lo ha llevado el concejal, atufa a pacto preelectoral a cambio de "lo que sea" para garantizar que Barcelona permanece tranquila y en paz. Tan exigentes con la transparencia en otros asuntos, habrá que ver si los comunes también lo son con esta cuestión. Más, cuando son ellos los que gobiernan y han impulsado un acuedo que plantea, como mínimo, dudas.
Por el momento, hay muchos elementos que no encajan en Gràcia y las explicaciones municipales han sido someras. Eso sí, el fantasma de otro Can Vies se ha alejado, por ahora. Pero, ¿a qué precio?