Lo de Gràcia acabará mal. Escrito queda. Mal jurídicamente o mal políticamente, cuando estalle el conflicto o se depuren responsabilidades del caso. Pero difícilmente saldrá nada positivo del lío que salpica a Eloi Badia en la antigua comisaría okupada de Gràcia de Barcelona. Antes de que el pulso escale y algunos lancen su habitual fatwa en las redes sociales contra Crónica Global o Metrópoli citando a siniestros "lobis" o presunta "persecución", escrito queda: lo de Gràcia terminará mal.
La secuencia de los hechos es la siguiente. Un colectivo okupa irrumpe en la antigua comisaría de la Policía Nacional de Lesseps en noviembre de 2015, pocos meses después de que Ada Colau gane las elecciones en Barcelona y coloque a Eloi Badia al frente del distrito de Gràcia. En abril de 2017, los mismos squatters avanzan públicamente que el distrito les ha cedido el inmueble, de 700 metros cuadrados y del que ahora es titular el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab, por sus siglas en catalán).
La cesión es prorrogable, y es a cambio de un alquiler mensual simbólico. Incluye también la reforma del activo, de la que se hará cargo el Ayuntamiento de Barcelona, como explicó El Mundo. Más allá de lo que cada uno opine del acuerdo lo cierto es que existe, en perjuicio de, por cierto, diversos esplais de la zona, que carecen de local para sus actividades.
Pero los okupas incumplen. Impagan el alquiler, pese a que el ayuntamiento asegura a este medio que sí lo han abonado. Acumulan quejas vecinales, hasta 40 en cuatro años, según La Directa. Abren y montan una juerga cuando la hostelería soporta restricciones por el coronavirus, explica Metrópoli. Otro día, los Mossos d'Esquadra tienen que acudir al lugar con la Arro, los antidisturbios volantes, para hacer cumplir las limitaciones de actividad.
En diciembre de 2020 y ante los reiterados incumplimientos, el distrito de Gràcia les incoa un expediente de cese de actividad. La actividad en el casal continúa con un recurso contra el castigo, y el contrato de cesión llega a su fin en septiembre de 2021. Por el camino, vecinos denuncian ruidos ante la fiscalía, que abre diligencias, pero las termina archivando.
En otoño de 2021, el propio Eloi Badia desliza que hay "negociaciones" abiertas con el colectivo. Los okupas han incumplido el contrato y este ha vencido. Y hay una orden de cese de actividad abierta y sanciones por valor de 20.000 euros, informaron los propios intrusos. En el ínterin, 78 actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona en el edificio.
Ayer, el colectivo cantó victoria y aseguró públicamente que permanecerá en la propiedad. Nadie ha explicado los pormenores del acuerdo, el dinero municipal invertido en el mismo, en qué se sustenta la prórroga, qué pasará con el expediente municipal abierto o con las sanciones incoadas. Cuántas se han cobrado, cuántas veces ha instado el ayuntamiento al desalojo, si es que lo ha hecho alguna, o cuáles son las cifras actualizadas de actuaciones de la Urbana en el lugar. Cuántas mensualidades del alquiler se han pagado, si es que se ha abonado alguna, y si el ayuntamiento ha iniciado reclamación dineraria para proteger el erario del menoscabo. O cuánto está perdiendo el Imhab y, por ende, el parque de vivienda pública de alquiler del ayuntamiento.
Lo de Gràcia terminará mal en sede judicial, como el caso Buenos Aires, o fuera de ella, en la arena política. Pero en este último caso será en el próximo mandato. Quizá cuando algunos políticos actuales ya no estén.
