El exlíder de Unió Josep Antoni Duran Lleida presagia con tino que el asunto lingüístico puede desembocar en una nueva “guerra” entre catalanes. No lo dice en el sentido más belicista de la palabra, pero sí advierte de que esta cuestión va camino de convertirse en otro foco de conflicto y división en Cataluña una vez medio superado el procés, aunque queda todavía mucho por coser.
Los hechos hablan por sí solos. La inmersión lingüística (esto es, la erradicación del castellano en la educación pública), el pilar del proyecto nacionalista de Jordi Pujol, al que Duran Lleida califica de “independentista inteligente”, se tambalea. Y lo hace porque unos pocos valientes han peleado por sus derechos pese a los señalamientos, y esos derechos no son otros que estudiar una parte de las materias en su lengua materna, el castellano, cooficial en Cataluña.
El sistema, la verdad, está muy bien montado. Los niños reciben educación exclusivamente en catalán (siempre hay excepciones) desde párvulos hasta que terminan la enseñanza obligatoria. Y se defienden en español, aunque es obvio que no es por la escuela. Por eso son pocos los que se plantean que la inmersión es una auténtica barbaridad. Porque lo es. No se puede silenciar una lengua con la excusa de salvaguardar otra que ya de partida consideran inferior. El catalán no es inferior, sin embargo cuenta con menos hablantes que el castellano, pese a que nunca en la historia como ahora ha habido tantos ciudadanos que lo entienden y hablan. Tal vez, en lugar de imponerlo, deberían buscar fórmulas para fomentarlo, buenos productos audiovisuales, por ejemplo, que lleguen a todo el mundo y que motiven su aprendizaje. Pero mientras se apueste por personajes como Peyu y Jair Domínguez para preservarlo… está condenado a la extinción tarde o temprano.
Sobre la guerra a la que se refiere Duran Lleida, llegará si a los que nos gobiernan les interesa que así sea. Por ahora, se oponen a aplicar la sentencia judicial que obliga a impartir el 25% de las materias en castellano y acusan a los padres que reclaman el bilingüismo de provocadores, inadaptados y de usar a los niños para hacer política. Y lo dicen sin que se les caiga la cara de vergüenza, obviando que muchos de los que plantan cara al español han estudiado en colegios multilingües, porque se lo podían permitir. Hipócritas. Se aferran a la inmersión para denunciar un supuesto ataque al catalán, pero, en el fondo, saben que estudiar en más de una lengua es lo mejor para las futuras generaciones. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a ello? Igual es que no les interesa que el pueblo esté preparado…
Y esto nos lleva a otro asunto, porque parece que ellos tampoco están preparados. Ávido de celebrar un referéndum a toda cosa, el Govern independentista ha programado una consulta para que 77 municipios pirenaicos decidan si quieren los Juegos Olímpicos de invierno del 2030. Barcelona, que daría nombre a la candidatura, ni siquiera podrá opinar. ¿De verdad hay que dejar en manos de 60.000 personas un proyecto que puede repercutir a toda Cataluña y que, en el peor de los casos, servirá para mejorar las infraestructuras de los pueblos organizadores? ¿Para qué votamos a nuestros representantes? ¿Para que deleguen en una parte del pueblo las decisiones que han de tomar ellos? Para eso, mejor que repartan sus nada desdeñables salarios entre la ciudadanía (incluidos los pagos a los 21 funcionarios del Parlament que han estado cobrando en los últimos años por hacer… ¡nada!).
Veremos si llega la guerra por el catalán; por ahora, lo factual es que hay una batalla con Aragón por los JJOO de invierno de 2030 (y también dentro de la comunidad catalana). Se supone que es una candidatura conjunta, pero el Govern, para más inri, quiere que Cataluña (Barcelona) sea preponderante. Un disparate en los términos en los que se plantea, puro supremacismo deportivo. Aburrirnos no nos aburrimos. Pero son muy pesados.