La juez de la sala de Instrucción número 14 de Barcelona ha hallado indicios de facturación irregular y de pagos "más el 2%" en los Bombers de la Generalitat de Cataluña. Están citadas en calidad de investigadas ocho personas, incluyendo a Joan Delort, actual director general de Prevención, y Manel Pardo, su predecesor en el cargo. 

El caso, que avanzó La Vanguardia, discurre ahora por el carril judicial con la necesaria salvaguarda de la presunción de inocencia. Mientras se dilucida quién es responsable de qué actuación, y si ese comportamiento merece reproche penal, en el carril político las conclusiones son otras. Desde el seno de los Bombers se lee el episodio como una venganza de JxCat al equipo actual de la Consejería de Interior, que pilota el independiente propuesto por ERC Joan Ignasi Elena. 

El asunto aterrizó sobre la mesa de Miquel Sàmper (JxCat), y estaba "bien presente" durante el traspaso de poderes en el departamento. Lejos de auditar la contabilidad, Sàmper contemporizó, estableció ciertos mecanismos de control y dejó que el equipo que le sucedió asumiera el problema. La irregularidad en la contabilidad ha aterrizado pues en el escritorio de Elena. 

Así pues, y mientras la causa judicial avanza, el caso 2% se lee en el cuerpo de emergencias como una vendetta de JxCat a ERC. Ni UGT, muy combativa contra la cúpula de Bombers, ha querido hacer sangre. "Mala praxis no es meter el dedo en la caja", insisten funcionarios de a pie. 

Esa supuesta mala praxis tiene trasfondo. En la campaña de incendios pasada, los sindicatos ya alertaron de deficiencias en el parque móvil, y no es la primera vez. La insuficiente dotación presupuestaria en Bombers para consolidar bienes y servidores públicos --la mitad de los efectivos son interinos-- se arrastra desde hace años. Algunos sitúan esa falta de presupuesto en torno a la época de los conocidos recortes que acometió el Govern de Artur Mas (CiU) una década atrás. 

Pero es que hay más derivadas. Lejos de ser un cuerpo técnico que funcione como relojería suiza cuando hay emergencias que afectan a personas, bienes o entorno, los Bombers llevan años al servicio de la política. El propio Manel Pardo, ahora imputado en la crisis actual, llegó a concurrir en las listas de JxCat en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. 

Como explicó este medio, el activismo independentista de los portavoces provoca malestar entre los Bombers. En 2017 llegó a crearse una asociación para defender la necesaria neutralidad de la estructura. Sea como fuere, parte del cuerpo lleva años entregada a determinadas causas políticas. Ello ha provocado una relajación de la gestión técnica, en este último caso aplicable a la contabilidad. Por puro servilismo al conseller de turno, lamentan algunas fuentes. 

La próxima campaña de verano, los portavoces de Bombers volverán a recordar que los incendios se apagan en invierno, en referencia a la tan cacareada pero a menudo olvidada gestión forestal. Ahora, con la crisis del 2%, además del plano judicial, alguien en el Govern podría hacer lo propio para profesionalizar la estructura y alejarla de las cuitas partidistas. Los funcionarios y los ciudadanos lo agradecerán.