La pandemia ha sometido a un test de resistencia de dos años al Estado de las autonomías que diseñó la Constitución de 1978. Los resultados de la prueba deberían contribuir al debate en torno a la necesidad de reformar la Carta Magna para adecuar a los nuevos tiempos su Título VIII, en el que se hizo el primer boceto de la actual organización territorial de España.

El examen es oportuno porque precisamente lo que se discute, de forma explícita o implícita, es cómo introducir los mecanismos necesarios para concretar cuestiones que los constituyentes apenas dibujaron: la distribución de competencias entre la Administración central y las autonómicas, de un lado, y la coordinación/cooperación entre ellas, de otro.

Existe un movimiento que defiende una reforma que dé consistencia institucional y legal a lo que ya es casi un federalismo de hecho, un acuerdo que requiere un consenso que acote, para empezar, el alcance de los cambios. Una parte del PSOE y de su izquierda participa en ese movimiento, mientras que el PP se niega ni siquiera a abordar una reforma constitucional.

El Congreso creó una comisión de evaluación del Estado autonómico en 2018 de la que se autoexcluyeron los grupos nacionalistas y Unidas Podemos con la excusa de la aplicación unos meses antes del artículo 155 en la Generalitat de Cataluña.

El historiador Joaquim Coll, que apoya el federalismo, cree que la pandemia ha puesto aún más en evidencia los dos grandes problemas aún pendientes de resolver del Estado de las autonomías --competencias y coordinación--; que el modelo está agotado y que conviene su reforma. Y subraya que, a la vez, se han dado pasos esperanzadores, como las conferencias de presidentes y las sectoriales.

En paralelo, Joan Subirats, el ministro de Universidades e ideólogo del socio catalán de Podemos, también federalista, considera que “las autonomías se han consolidado” con la pandemia y que el Gobierno del que forma parte debe profundizar ese “federalismo de facto que está funcionando” y que se refleja en las mesas de coordinación citadas.

Aunque con cierta ambigüedad, parece que a Podemos ya le vale lo que ha ocurrido estos dos años. “La fuerza de lo territorial gana peso y eso no es pasajero”, dijo el ministro a La Vanguardia el domingo pasado. Como los nacionalistas y el PP, que han puesto en apuros al Gobierno a cuenta de la gestión de la pandemia, Podemos parece sentirse cómodo en la indefinición constitucional que da alas a la utilización de las autonomías como arma arrojadiza contra el poder central.

Los grupos federalistas defienden una federación de los territorios de España, mientras que algunos dirigentes del mundo podemita parecen decantarse por una federación de España y Cataluña, o quizá una confederación; además, porfían en la convocatoria de un referéndum. Su discurso es muy paralelo al de los nacionalistas.

O sea, que sigue sin haber solución a medio plazo pese a las evidencias porque, como Podemos, los nacionalistas prefieren mantener el equilibrio actual, un terreno en el que pueden arrancar más ventajas gracias a la fragmentación del Congreso y a su influencia creciente en los gobiernos minoritarios.

Al final, puede que la única salida posible sea la que apuntó en la comisión del Congreso Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los dos constituyentes vivos junto a Miquel Roca. Tocar la Constitución por la vía de los hechos, como ya hicieron UCD y los socialistas al principio de los 80, los años de las loapas, para cubrir las lagunas jurídicas que dejó la Carta Magna, pero olvidar su reforma.