La pobreza se cronifica y se agudiza, a pesar de que las cifras económicas sobreviven a la pandemia. Lo dice el nuevo informe Insocat que la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) acaba de hacer público. Son cifras alarmantes, pues ese estudio demuestra que uno de cada cinco catalanes vive en riesgo de exclusión, mientras el PIB crece, pero los datos han pasado desapercibidos debido al debate lingüístico que estos días se vive en Cataluña. Aunque se empeñen en decir lo contrario, los independentistas han encontrado en la inmersión un arma de destrucción masiva de la cohesión social.
Hace muchos años que los tribunales dictan sentencias favorables a aumentar las asignaturas de castellano, pero la resolución del Tribunal Supremo, que avala ese posicionamiento, se ha hecho pública en pleno posprocés. El fracaso del desafío secesionista obligó a las fuerzas separatistas a resituarse, como ERC, o refundarse, como Junts per Catalunya (JxCat), mientras que la CUP optaba por radicalizar sus ya de por sí extremos postulados antisistema. Los discursos de estas formaciones mutaron, lo que puso de manifiesto la fragilidad de esa unión que embarcó a Cataluña en un referéndum del 1-O, traumático para todos, próspero para nadie.
El debate sobre la inmersión se arrastra desde hace muchos años, sin que los sucesivos gobiernos catalanes, gracias a la permisividad de los Ejecutivos españoles necesitados del apoyo nacionalista primero e independentista después, se hayan atrevido a abordar el supuesto retroceso del catalán y la reclamación de más castellano en los currículos escolares. Pero en esta ocasión, está alcanzando cotas guerracivilistas que trascienden la esfera de las redes sociales, para adentrarse en tertulias políticas donde referentes del soberanismo avalan, eso sí con buenas palabras y dialéctica de salón, los argumentos de fondo de ese frikismo representado por Albert Donaire, Jaume Fàbrega y Santiago Espot.
A saber: que el castellano es cosa de pobres --que diría el admirado escritor Javier Pérez Andújar-- y de colonos. Que vivir en Cataluña pasa inexorablemente por pensar y sentir en catalán. Que lo de estudiar en catalán, castellano e inglés es, por tanto, cosa de ricos y que la escuela pública no está para garantizar/generalizar esos amplios conocimientos lingüísticos que abren más puertas. Que a los padres que reclaman un 25% de horario lectivo en castellano les deberían retirar la custodia de sus hijos --es lo que vino a insinuar el catedrático de Derecho Penal Joan J. Queralt, que ha instado a la fiscalía a intervenir-- y que eso del bilingüismo solo lo defienden cuatro radicales.
Esos cuatro radicales que decidieron acudir a los tribunales no son los que se manifiestarán el próximo sábado. No son quienes disponen de dinero y tiempo para defender sus derechos. No son quienes tienen poder para decidir si, tras casi cuatro décadas de inmersión, doblemente fracasada --el catalán, dicen, recula, y las diferencias sociales, afirma ECAS, se agudizan--, ya va siendo hora de abordar otras formas de cohesión. Es el Govern el que saldrá a la calle este fin de semana para defender el monolingüismo y el veto al castellano. A distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda. Aunque luego, por detrás, vaya ejecutando las sentencias.
En los años 80, el pujolismo vendió que el catalán era un buen ascensor social para los trabajadores procedentes del resto de España. Y quienes vivían en barracas, y con mucha suerte, en los guetos de viviendas baratas creadas en el extrarradio, se lo creyeron. Por lo visto, conocer tres idiomas, como reclaman esos "locos" que acuden a los tribunales, era contraproducente, poco enriquecedor. Eso quedaba para los colegios de élite. Para quienes se podían pagar una educación políglota y, así, ampliar sus posibilidades.
Varias crisis económicas y una pandemia después, la pobreza se ha convertido en sistémica, como dice ECAS, pero si antes fue la estelada la que tapaba este tipo de desigualdades, ahora es la lengua catalana la que cohesiona, pero no a los catalanes, sino a los partidos independentistas que dan apoyo al Govern. Con la siempre inestimable ayuda de los comunes.