Estamos en guerra. O, al menos, eso es lo que asegura el diputado de JxCat Francesc de Dalmases. Así lo proclamó solemnemente el dirigente nacionalista hace unos días en el Parlamento autonómico de Cataluña.

Y Dalmases no es un tipo cualquiera. Es la mano derecha de Laura Borràs (otra que también dice que estamos en guerra), presidenta del Parlament y candidata a la presidencia de la Generalitat por el partido del fugado Carles Puigdemont en las elecciones de febrero. Formación que, no olvidemos, gobierna esta comunidad en coalición con ERC.

Viendo lo que hay, no parece que lo de los indultos haya sido un buen negocio para la convivencia en Cataluña.

Aunque no todos opinan así. Mis amigos terceristas (ya saben, los de la tercera vía, los indultos, la negociación con los sediciosos y otras inocentadas similares) dicen que no me preocupe. Que solo son palabras vacías. Que sus sandeces únicamente responden a su rabia, su frustración y su impotencia. Y que, por mucho que alardeen de ello, no lo volverán a hacer.

Supongo que se refieren a que no volverán a declarar la independencia. Y estoy de acuerdo. Pero no por los indultos, claro. No lo volverán a hacer por la ejemplar respuesta de la Policía Nacional y la Guardia Civil bajo mandato judicial el 1-O. Y por la posterior actuación de los tribunales, que llevó a algunos cabecillas del procés a pasar varios años a la sombra (aunque muchos menos de lo que el sentido común recomendaba).

En lo que me parece que mis amigos terceristas se siguen equivocando es en pensar que amenazas como la de que “estamos en guerra” son solo palabras vacías. Hay hechos que confirman la materialización de las intimidaciones de personajes como Dalmases. Veamos algunos de ellos.

Basta con hojear el proyecto de presupuestos de la Generalitat para constatarlo. Por ejemplo, las cuentas que ha presentado el Govern prevén destinar 284 millones de euros a TV3 y Catalunya Ràdio. Un pozo sin fondo que ya ha engullido miles de millones de euros y cuyo principal objetivo es promover el secesionismo y el odio a España.

También son inquietantes los 94 millones consignados a Acción Exterior, un 28% más que en las cuentas anteriores. Esto incluye 4 millones adicionales para las embajadas autonómicas en el extranjero, cuya casi única función es erosionar todo lo que puedan la imagen internacional de España. Todo ello a pesar de que la Constitución reserva en “exclusiva” a la Administración General del Estado las competencias en “relaciones internacionales” (artículo 149) y de que el Tribunal de Cuentas tiene un contencioso abierto con una treintena de dirigentes independentistas por promover el procés en el extranjero con dinero público. Un chiringuito que, además, proporciona a los propagandistas a las órdenes de la consejera Victòria Alsina sueldos muy generosos.

No menos escalofriante es el proyecto de la Consejería de Educación, dirigida por el ínclito Josep González-Cambray (ERC), para reforzar la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán (o lo que es lo mismo, la discriminación de los niños catalanes castellanohablantes) y establecer una especie de comités para controlar la lengua que utilicen profesores y alumnos en los centros. Un plan que incluye “cursos de sensibilización” a aquellos que se empeñen en utilizar de vez en cuando la lengua oficial propia de la mayoría de los catalanes, es decir, el español.

Como también es preocupante el grupo de trabajo propuesto por ERC a la CUP para preparar un referéndum secesionista (sí, otro referéndum) mientras muestran su desprecio más absoluto hacia el PSC.

A ver si al final va a ser verdad que estamos en guerra y algunos no se han enterado.