El 10 de enero de 2012, hace ya casi una década, en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo de la Generalitat, realicé una pregunta al entonces portavoz del Govern, Francesc Homs (CDC), sobre por qué la Consejería de Enseñanza (así se llamaba entonces) se negaba a cumplir las sentencias sobre bilingüismo escolar.

Como solía ser habitual en aquella época y en aquellas comparecencias --en las que se acostumbraba a repreguntar cuando el político respondía con evasivas-- hubo algo de tensión.

Sin embargo, lo que más me sorprendió aquel martes no fueron las mentiras de Homs --quien, como siempre, insistía una y otra vez en que la justicia había avalado la inmersión-- sino los comentarios de un periodista presente en la misma sala de prensa del Palau de la Generalitat, a escasos metros de mí.

Y es que, mientras yo interpelaba al portavoz autonómico por las ilegalidades de la Generalitat en materia lingüística, el entonces redactor de política de El País en Cataluña Maiol Roger --hoy, flamante subdirector del programa Planta baixa de TV3-- ironizaba desde su cuenta de Twitter sobre mi pregunta. “Homs discutiendo con un periodista en la rueda de prensa sobre una sentencia del TC de 1992. En la calle no se habla de nada más”, tuiteaba con desdén Roger (aunque erró el año, eso sí, porque la sentencia sobre la que estuvimos “discutiendo” fue la 337 de 1994). Así era el ambiente en aquellos tiempos.

No recuerdo de qué se hablaba entonces en la calle, lo que sí es cierto es que una década después, la justicia sigue condenando a la Generalitat por mantener la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán. Como también es cierto que el Govern responde a los tribunales con ira y con la misma arrogancia que aquel periodista.

Así ha ocurrido esta semana, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado el proyecto lingüístico de una escuela de Girona por no ofrecer un modelo bilingüe. Es decir, por no impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano o español.

Ya son media docena los proyectos lingüísticos que la justicia ha desbaratado este año --y muchos más que caerán-- por aplicar la inmersión. Un proceso que se ha acelerado después de otra sentencia histórica del TSJC de diciembre pasado que resumió toda la doctrina jurídica sobre el uso de las lenguas en la educación y que deja poco margen de actuación a la Generalitat. Aquel dictamen reiteraba de forma cristalina que la inmersión es ilegal y ordenaba al Ejecutivo autonómico de forma contundente reintroducir el español como lengua vehicular --junto al catalán-- en, al menos, ese 25% del horario lectivo.

Gracias a la inestimable actuación de entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, S’ha Acabat y Profesores por el Bilingüismo --entre otras--, todo apunta a que el goteo de sentencias en esta línea que se avecina será incesante.

Desolado, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha reconocido este jueves su agotamiento con esta cuestión y ha amenazado con rebelarse contra los tribunales.

¡Hombre, hombre, don Josep, tampoco es como para ponerse así! Tómese una tila, tranquilícese un poco y vaya haciéndose a la idea de que esto no tiene vuelta atrás. Yo creía que este era un tema de escaso interés social. A ver si al final va a ser verdad lo de que “en la calle no se habla de nada más”.