Hace casi cuatro meses que el Gobierno concedió los indultos a los presos del procés y la medida de gracia no podía haber cosechado un fracaso más rotundo que el que ha obtenido.
A pesar de que nos prometieron que la liberación de los cabecillas del golpe al Estado de 2017 allanaría el camino de la convivencia en Cataluña, esta no solo no ha mejorado sino que, en muchos aspectos, ha empeorado.
Esta semana lo hemos constatado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuando una turba de nacionalistas arrasó una carpa de la entidad constitucionalista S’ha Acabat.
Lo más grave no es el ataque en sí, sino la impunidad con la que actuaron los violentos y la (falta de) respuesta de las autoridades universitarias.
La dirección de la UAB, encabezada por el rector Javier Lafuente Sancho, se limitó a publicar un comunicado de dos frases en el que apelaban a “la convivencia pacífica” y la “libertad de expresión”.
Además, decían, el equipo de gobierno “rechaza la situación de tensión que se ha vivido y lamenta la instrumentalización ideológica que se hace del campus universitario por parte de determinados partidos políticos”.
Es decir, ninguna condena a la violencia indepe (“tensión”, dicen sin que se les caiga la cara de vergüenza) pero, eso sí, una crítica vil a los partidos que salieron en defensa de los agredidos.
A la consejera de Universidades, Gemma Geis --la misma que llamó “fascista” a la AEB por propugnar el bilingüismo en los exámenes de Selectividad-- le faltó tiempo para suscribir “al 100%” el comunicado. Y la diputada de la CUP Eulàlia Reguant --el partido ultra que facilitó la investidura de Pere Aragonès (ERC) en mayo-- aplaudió a los agresores.
Por supuesto, lo de llamar a los Mossos para proteger a los estudiantes constitucionalistas --que son acosados una y otra vez desde hace años-- ni se lo plantea el señor Lafuente. De hecho, si tomamos como referencia el comunicado, no sería descabellado conjeturar que el rector considere que, en el fondo, los de S’ha Acabat se merezcan estos ataques por provocadores.
Tiene guasa que, en cambio, hace apenas dos semanas Lafuente se sumara al resto de rectores de las universidades públicas catalanas en un comunicado conjunto y contundente en defensa del prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras ser detenido y puesto en libertad en Italia.
Que Lafuente aún siga como rector de la UAB es una infamia. Como también lo es que todavía haya, entre los constitucionalistas que defendieron los indultos a los líderes del 1-O, quienes se nieguen a reconocer la pifia histórica que supuso tal ocurrencia.