El caso de Andreu Mas-Colell acapara titulares y solidaridades estos últimos días gracias a los tuits de uno de sus hijos, en los que denunciaba que le podría ser embargada la casa familiar, las cuentas bancarias, incluso la pensión de jubilación. Todo porque el Tribunal de Cuentas le hace responsable de los gastos indebidos de la Generalitat que habría autorizado durante los cinco años que ocupó la Consejería de Economía bajo la presidencia de Artur Mas.

La denuncia de Alexandre Mas-Colell ha despertado todo tipo de reacciones, especialmente las que cuestionan la propia existencia del Tribunal de Cuentas, al que alguno de los blanqueadores de Jordi Pujol ha llamado “casposo”, a través de testimonios de letrados expertos en la materia. Y también las que incluyen su caso en la carpeta de indultables que el cosmos independentista ha abierto tras la decisión de Pedro Sánchez de aplicar medidas de gracia a los condenados por la organización del 1-O.

El venerable exconseller asegura que la injusticia que se va a cometer con su patrimonio es un elemento más de un “frente de represión muy amplio”, como demuestra que en el mismo proceso se haya incluido a otras 40 personas. No lo dice abiertamente, pero insinúa, como ya han hecho otros políticos independentistas, que el indulto debería abarcar a todos los represaliados, incluso a los que no han sido sentenciados. O sea, la amnistía.

Hasta el titular de Economía, Jaume Giró, añade a Mas-Colell a la lista de perseguidos. ¿Quién va a hacer política si hay que pagar este precio?, dijo ayer el conseller. ¿Quién va a pedir un crédito si luego tiene que responder del principal y de sus intereses?, podría preguntarse cualquiera de los empresarios que le estaban oyendo y que conocen su paso por la banca y por empresas energéticas.

De ahí que el aparato de propaganda del nacionalismo trate de sumar a la causa asuntos como el proceso contra Miquel Buch, a quien la fiscalía acusa de malversar fondos públicos para retribuir de tapadillo al mosso d’esquadra que hacía funciones de guardaespaldas de Carles Puigdemont en Waterloo de forma ilegal.

Marcel Vivet, acusado por la Audiencia Provincial de Barcelona de practicar guerrilla urbana, condenado a cinco años por agredir a un agente de la policía autonómica, también es otro represaliado. Aunque aquí ya no se sabe qué parte del Estado es el represor, dado que la Generalitat ha mantenido su personación como acusación contra este militante de la CUP.

Como se puede ver, aparecen nuevos apoyos para ese grupo cada día más minoritario de quienes se oponen a los indultos con el argumento de que los independentistas son insaciables, un pozo sin fondo que solo busca la confrontación; para quienes temen que las medidas de gracia siempre sean insuficientes para los propios beneficiados.

Mas-Colell aterrizó en el Consell Executiu como la materialización de aquella promesa del Govern dels millors, pero pese al relato de los pelotilleros del régimen no dejó precisamente un gran legado. Se sumó con un entusiasmo temprano y desmedido al papanatismo de los recortes. El primero de ellos en la sanidad pública y luego en la educación básica --otra cosa es la excelencia y la investigación, de las que se confiesa devoto--, lo que provocó un profundo descontento popular. Las élites nacionalistas trataron de tapar ese malestar con la excitación del procés, a la que el profesor se sumó con un ímpetu sorprendente para un académico de su currículum. Nunca le he oído entonar el mea culpa por el gran error del austericidio y, menos aún, por haber contribuido a fabricar la cortina de humo --ho tenim a tocar-- con que taparon sus consecuencias sociales y engañaron a sus fervientes seguidores.

Siempre he esperado de él una reacción digna, un análisis de aquella época a la altura del hombre inteligente que es. Ha cerrado el capítulo en falso, como tantos otros. Quizá no sea tan grande como pensaba todo el mundo, puede que tenga las mismas limitaciones y carencias que su hijo tuitero, que trata de convencernos de que a su padre le pueden exigir “decenas de millones de euros”, cuando es sabido que el tribunal de la caspa ha calculado en 10 millones el monto total, intereses incluidos, el gasto indebido de dinero público --malversación-- que autorizaron 40 personas, entre las que se repartirá la restitución en función de sus responsabilidades.