Parecía que eso de demonizar el pequeño empresario era cosa de los comuns, que ven capitalismo hasta en el truco o trato, ese juego infantil tan propio del Halloween que se avecina y que, por puro provincianismo, hemos importado. El cierre de bares y restaurantes decretado por la Generalitat demuestra hasta qué punto nuestros gobernantes provisionales se han sumado a esa hostilidad contra un sector que ha intentado adaptarse a la lucha contra la pandemia de forma responsable. La restauración, maltratada por las normativas sobre terrazas de la alcaldesa de Barcelona, sufre ahora la improvisación de un Govern que toma medidas de espaldas a quienes regentan pequeños negocios, muchos de ellos creados a partir de la capitalización del paro galopante generado por las crisis de 2008 y 2012.

En un país con miedo al fracaso, ser emprendedor es cosa de valientes. No lo ve así el populismo de dirigentes como Ada Colau, convencida de que todo pasa por la cosa pública, esto es, por las subvenciones y, en su caso --como hemos venido publicando en Crónica Global--, por el dedazo.

Un enfoque muy diferente al que, durante años, demostró el gobierno de CiU que, con sus muchas sombras, sí supo conciliar iniciativa pública y privada. Incluso en un sector tan denostado ahora como es el sanitario. El modelo catalán fue, en ese ámbito, ejemplo para muchos países. Pero también un gran caldo de cultivo para corruptelas y contrataciones sospechosas. Pero la filosofía que imperaba en la administración autonómica se basaba en la necesaria sinergia entre lo público y lo privado. Porque, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde existía más tradición opositora --Galicia fue cuna de numerosos miembros de la judicatura--, buena parte de la economía catalana se basaba, y se basa, en Cataluña en la pequeña empresa. Familiar en muchos casos.

De repente, el gobierno en funciones ha decidido que es el sector de la restauración el que tiene que sacrificarse para frenar el Covid. De repente porque ni ha pactado ese cierre, ruinoso para esos negocios, ni lo ha comunicado con suficiente antelación para que los propietarios de esos bares y restaurantes puedan prepararse. ERC, que lleva la voz cantante en materia de salud y economía, además de ostentar la presidencia en funciones, ha decidido que eso del diálogo solo sirve para hablar de cuestiones identitarias con el Gobierno español, es decir, para tener presencia mediática con fines electorales. Eso de dialogar con un sector en la cuerda floja, que genera puestos de trabajo, tejido social y convivencia en los barrios, es otra cosa.

Si a eso se le añade la pugna entre el presidente provisional, Pere Aragonès, y el consejero de Empresa, Ramon Tremosa, colocado por Carles Puigdemont para controlar y erosionar al primero, el resultado es letal. Y confirma el "modo electoral" de nuestros gobernantes, que actúan de espaldas a la economía y la ciudadanía.