Que dice Quim Torra que la independencia se debe implementar cueste lo que cueste. Es decir, con sacrificio. Así sustanció el presidente catalán la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià, cuyo legado es utilizado por el independentismo de forma ambivalente. Mientras Torra aseguró que su antecesor “sabía que había una línea recta para llegar a la independencia”, Roger Torrent recordaba la apuesta por el diálogo del fundador de ERC.
Una apuesta que los republicanos mantienen en estos días navideños de impasse negociador y críticas al discurso del Rey. Ahí sí que hay coincidencias entre Junts per Catalunya y ERC. Arremeter contra el monarca, cuya intervención estaba cargada de verdades como puños, sale gratis. Lo demuestra el hecho de que Gabriel Rufián haya abandonado su autoimpuesto recato para comparar a Felipe VI con Vox.
A punto de concluir el año y las negociaciones con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez, el partido liderado por Oriol Junqueras marca perfil político y, sobre todo, gubernamental. Que Torra y sus consejeros neoconvergentes van a rebufo de Pere Aragonès es tan evidente que, a este paso, el Consell Executiu hará en un mes los proyectos que ha sido incapaz de impulsar en dos años.
La reflexión puede resultar exagerada, pero lo cierto es que en apenas una semana, el Govern ha dado grandes pasos en materia presupuestaria con un acuerdo en materia de reforma fiscal y ha aprobado un decreto sobre vivienda social de gran calado. Ambas iniciativas suscitan inquietud en el sector empresarial, pero sobre todo, demuestran los bandazos ideológicos de JxCAT. Incapaz de soportar el protagonismo de Aragonès, Torra amaga con una crisis de gobierno después de Reyes cuya finalidad sería apartarle de la vicepresidencia y evitar así que, cuando sea inhabilitado, el republicano ejerza de presidente en funciones.
La idea es arriesgada y prematura. La Junta Electoral ha descartado la inhabilitación exprés de Torra, por lo que habrá que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra la condena por desobediencia. La destitución de Aragonès abocaría a ERC a salir del Govern antes de que se aprueben las nuevas cuentas de 2020, negociadas entre los republicanos y los comuns. Recordemos que Junts se ha desmarcado de la subida de impuestos pactada por ambas formaciones. ¿Tendría viabilidad, por tanto, un gobierno únicamente integrado por consejeros neoconvergentes y sin presupuestos?
Dicho de otra manera, si la idea de Torra es cargarse al vicepresidente económico para controlar los tiempos electorales, no va por buen camino.
Pero es que, además, el seguidismo de Junts de la estrategia republicana se ha visualizado también en la reciente aprobación del decreto sobre vivienda social. Es el tercer proyecto que impulsa este año la Generalitat en este ámbito. El primero se lo envainó el consejero de Territorio, Damià Calvet (JxCAT), por falta de consenso. El segundo, que sí prosperó, fue obra de la consejera de Justicia, la republicana Ester Capella.
El pasado lunes, Calvet se sacó la espinita, pero a costa de hacer concesiones a En Comú Podem, pues la nueva normativa impone una tasa de hasta el 50% de vivienda social a las nuevas promociones. Es decir, que después de más de 30 años de gestionar las competencias de vivienda, los neoconvergentes dan luz verde a un decreto que combate las situaciones de emergencia residencial poniendo el foco sobre los bancos y las promociones privadas. Una medida que aplaude la misma izquierda que ha pactado con ERC una reforma fiscal que, según Junts, “define un modelo de país que no compartimos”.
Sobre la necesidad de ampliar el parque público de la Generalitat y evitar que la Consejería de Territorio siga haciendo negocio con el mismo, mutismo.