La precampaña electoral en España coincide con un contexto económico mundial de desaceleración. Por desgracia, ya que para captar votos los políticos de nuestro país han avanzado iniciativas en todos los sentidos. Desde los brindis al sol de los partidos de la derecha que prometen servicios públicos de primer nivel con recortes colosales de impuestos, hasta el anuncio del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que en la próxima legislatura se vincularán las pensiones al IPC real --con la pertinente actualización el próximo diciembre--, que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se elevará a los 1.200 euros, y que se derogarán los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral.

Iniciativas todas ellas que llevan tiempo sobre la mesa y que, por ejemplo, no acabaron de salir adelante en su momento desde el Pacto de Toledo por falta de consenso. Por lo que parece poco probable que tras el 10N se superen los bloqueos políticos, si no se entra en un escenario en el que aún sean más acusados.

Todo ello coincide en el tiempo con la advertencia del FMI de que recortará de nuevo sus previsiones para 2019 y 2020. Las tensiones comerciales mundiales generarían un impacto negativo de más de 639.000 millones de euros, y los analistas reaccionan con estimaciones de crecimiento internacional más realistas ante este nuevo escenario.

España no será el territorio que salga peor parado. De hecho, la evolución de su PIB se mantiene a la cabeza de la zona euro, y a pesar de que la tendencia de ahorrar más se haya impuesto en las familias, el consumo privado se mantiene como el elemento tractor de la actividad del país. Esta inclinación se ha mantenido desde el fin de la doble recesión, y supone una pequeña maravilla. Es la ciudadanía la que sostiene en gran medida el crecimiento económico, a pesar de haber sufrido los estragos de la crisis. Se ha superado, sí, pero con menos poder adquisitivo y unas condiciones poco halagüeñas en algunos segmentos de la población, especialmente entre los más jóvenes al dar el salto al mercado laboral o conseguir una mejora salarial en la mitad de su carrera y los trabajadores de mayor edad que han sido expulsados del mercado laboral.

La foto fija del momento, según la proyección del Banco de España, es que el PIB español crecerá el 2% en el ejercicio en curso, se quedará en el 1,7% en 2020 y bajará una décima hasta el 1,6% en 2021. Cifras más contenidas que las de los últimos años, pero igualmente buenas. Incluso muy buenas si se comparan con el -1,6% al que se llegó en 2012 o el -1,2% que se registró un año después.

Pero la evolución económica es en gran medida fruto de la percepción emocional de la gente. Desde la consideración personal, sin datos objetivos que la apoyen, de que se llegará a un escenario peor o mucho peor, se contiene el gasto y se entra en un ciclo vicioso. Al final, el crecimiento se resiente.

La línea que separa la desaceleración (palabra que no supone un eufemismo) y la recesión real depende de ello, por lo que no debería haber lugar a mensajes irresponsables que avisan que el PSOE repite los errores de José Luís Rodríguez Zapatero y esconde de nuevo la situación económica real. Más si se tiene en cuenta que es una mera estrategia electoral que no obtiene una contesta con suficiente firmeza desde el Gobierno en funciones. O de los empresarios avispados que aprovechan el contexto para pasar de nuevo las tijeras en sus gastos de producción. Son pocos, pero existen.

¿Arañar votos sin importar arrastrar al país a más problemas económicos? ¿Sacar más beneficios personales a costa de otros? Bienvenidos a la España del todo vale.