Parece que el lema tornarem hace fortuna, tanto en la política nacional como en la catalana. Se trata de un lema independentista con el que Quim Torra finge que está dispuesto a desfiar al Estado, aunque no dice cómo ni cuándo. El presidente catalán se encomienda a la agitación callejera, al “mandato popular”, dice, pero la hoja de ruta hacia la república catalana brilla por su ausencia. La legislatura catalana está agotada y, en efecto, tornarem a convocar elecciones. Las quintas en nueve años, es decir, tres presidentes diferentes. Para que luego se quejen los independentistas de la repetición de comicios en España.

Es cierto que el presidente en funciones Pedro Sánchez ha decidido también “tornar” a las urnas, en este caso el 10N, en una operación arriesgada y difícil de entender. No obstante, la propuesta in extremis de Albert Rivera explica muchas cosas. El portazo de Sánchez a la desesperada oferta de la formación naranja elimina a Cataluña de la ecuación y deja a su líder sin argumentos. Hábil.

Ivan Redondo, que se consolida ya como el poder en la sombra del PSOE, abona la teoría de que Sánchez no puede afrontar la sentencia del 1-O con Podemos dentro del Gobierno, esto es, con una posición pública discordante, dado el historial de complicidades de Pablo Iglesias con los independentistas. ¿Se imaginan al podemita encabezando una manifestación de protesta junto a Torra?

Es una razón poderosa, la de Redondo. "Ve cosas que nadie ve, tiene una asombrosa capacidad de análisis”, explica un antiguo colaborador, aunque hay quien le atribuye la inquietante idea de que Alícia Sánchez-Camacho, expresidenta del PPC --partido para el que trabajó durante un tiempo--, posara vestida de cuero sobre una moto. Pero esa nueva cita electoral abre interrogantes. ¿Qué pasa si el 10N vuelve a dar un resultado ajustado a los socialistas? ¿Y si suman PP, Ciudadanos y Vox? Pero, sobre todo ¿qué efectos puede tener la recesión económica, si ésta se confirma? Las razones de Sánchez son comprensibles, pero pueden ser interpretadas como una debilidad respecto al problema del nacionalismo catalán. Se avecina una condena, aseguran fuentes judiciales, menos dura que la solicitada por las acusaciones públicas y popular, lo que abre un escenario de libertad condicional para los presos independentistas, pues se tendrá que descontar la larga estancia en prisión preventiva. Un Gobierno socialista podría gestionar bien ese proceso judicial, solo o acompañado de Podemos --más dispuesto a dialogar y envainarse sus propuestas de referendo pactado de lo que son capaces de confesar--, sin necesidad de aventurar indultos.

Los independentistas, obviamente, bramarán y agitarán a sus bases tras la sentencia. Unos más que otros. ERC, inmune a las embestidas del clan Puigdemont y de la Assemblea Nacional de Catalunya --les salió el tiro por la culata en su #pressingERC de la Diada--, se había mostrado abierta a facilitar la investidura de Sánchez, pero lo tendrá difícil cuando el Supremo dicte su fallo. Aceptar los votos de los secesionistas siempre ha sido utilizado por PP, Cs y Vox como arma arrojadiza, aunque éstos no calibran que ese apoyo del partido de Oriol Junqueras al presidente socialista demuestra hasta qué punto el procés está muerto.