Colau respalda una "reacción institucional" contra la condena a los políticos presos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una propuesta por la que se compromete, en el caso de que los políticos independentistas presos sean condenados, a realizar una "reacción institucional" y un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse para que sean puestos en libertad.

La comisión de Presidencia del consistorio ha aprobado una proposición de ERC en este sentido, que ha contado con el apoyo del partido de la alcaldesa Ada Colau, Barcelona en Comú (BComú), y de los postconvergentes de JuntsXCat.

El PSC, en contra

En cambio el PSC, socio de gobierno municipal, ha votado en contra, al igual que Cs, PP y Barcelona pel Canvi.

El acuerdo establece que, una vez conocida la sentencia --prevista para mediados de octubre--, si ésta es condenatoria, el gobierno barcelonés apruebe una declaración institucional que, entre otras cosas, reconozca "que las personas enjuiciadas lo son por motivos políticos y, por tanto, estamos ante un proceso de persecución política, con presos y presas políticas", en alusión a los dirigentes que lideraron las denominadas leyes de desconexión, el referéndum secesionista ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre de 2017.

El consistorio exigirá, en este futuro texto, "la liberación inmediata de los presos y presas políticas y el libre retorno de los exiliados y exiliadas", en este último caso en alusión al expresidente de la Generalitat huido, Carles Puigdemont, y al resto de dirigentes fugados de la Justicia por los mismos motivos.

"Llamada a la movilización ciudadana"

Otros parámetros de actuación que establece la propuesta aprobada este miércoles, y apoyada por el partido de Colau, son el compromiso con el denominado derecho a la "autodeterminación", con la defensa de la celebración de un referéndum nacionalista y "la denuncia de la regresión de derechos y libertades que desde hace años se sufre en Cataluña, y en España, así como la judicialización de la política catalana".

El Ayuntamiento de Barcelona se compromete a trabajar "con el resto de instituciones y sociedad civil del país para encontrar soluciones para conseguir la libertad de los presos políticos y hacer una llamada a la movilización ciudadana a favor de derechos y libertades".

División y crispación

El debate de la iniciativa ha sido crispado entre los grupos constitucionalistas e independentistas del consistorio, aunque no entre PSC y BComú, que forman el gobierno municipal, que han evitado caer en la confrontación por una cuestión en la que mantienen posiciones diferentes.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha asegurado que "si les condenan --a los procesados-- será una de las mayores injusticias de la historia de Europa" y "los barceloneses saldrán a la calle", ante lo que el consistorio "no puede quedarse atrás", además de insistir en que "la absolución es el único resultado justo".

"Trama corrupta" y "mafia organizada"

La intervención más vehemente ha sido la de la presidenta del grupo de Ciudadanos, Mariluz Guilarte, que ha usado adjetivos como "delincuentes" y "cobardes" para referirse a los políticos juzgados o huidos de la justicia.

Guilarte ha asegurado que los dirigentes independentistas en prisión o huidos a otros países han "robado datos" y "malversado para pagar un golpe de Estado en toda regla". Y ha reclamado investigar si el ayuntamiento ha colaborado con esta "trama corrupta" y "mafia organizada".