Informaba este lunes María Jesús Cañizares en Crónica Global de que Barcelona ha pasado de solicitar ayudas en el último plan que el Gobierno ha activado para financiar iniciativas de I+D+i vinculadas a las smart city y cofinanciadas mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Es verdad que la capital catalana ya ha iniciado proyectos en este campo que tienen realmente muy buena pinta, pero renunciar a más recursos resulta un contrasentido.
Los propios empresarios del sector advierten de que la capital catalana no se puede dormir. Es una de las principales plazas del país en innovación y en el desarrollo de start ups tecnológicas gracias al impulso del Mobile World Congress (MWC) y del esfuerzo que se ha hecho desde el tejido local para ir más allá de ser simplemente la ciudad de acogida de una macroferia. Y aquí se incluye tanto la clase política como los agentes económicos y sociales. Pero esta posición no está consolidada. Parece obvio, pero en un entorno con la velocidad de cambios como el ecosistema tech, relajarse, aunque sea un poquito, es sinónimo de perder el tren.
Estamos inmersos en una carrera mundial para desarrollar las llamadas smart city a partir de la implementación del 5G, un sistema de telecomunicaciones que permite que los datos se compartan de forma más rápida y sin tantas interrupciones. O, lo que es lo mismo, hará posible cuestiones que aún son ciencia ficción como la conducción autónoma o las operaciones en remoto a través de robots. Estos son algunos de los proyectos en los que se trabaja desde la Mobile World Capital (MWCapital), una de las pocas entidades transversales que existen en Barcelona. Su patronato está formado por representantes del Estado, la Generalitat, varios ayuntamientos y también cuenta con sillas para empresas. Todos ellos sufragan los costes del trabajo que allí se hace.
Su puesta en marcha también estuvo marcada por los partidismos que se nos han hecho habituales y ante los que deberíamos protestar con mayor vehemencia. En un primer momento, fue la casa de varias personas cuyo principal atributo fue mantenerse en la órbita convergente. A medida de que los proyectos que se lanzaron han aterrizado, estos perfiles han sido sustituidos por otros más profesionales. La realidad ha pesado.
Otra de las entidades que ha conseguido sortear la trinchera de los partidismos (más desde que el proceso independentista se convirtió en la política casi única de la Generalitat), es Barcelona Tech City. Sus impulsores han sabido convencer a todos los que han sido necesarios de la importancia de disponer de un centro físico para el desarrollo de start ups, una casa de los emprendedores. Incluso han sumado en su día a día a profesionales con postulados políticos de todo perfil. Lo que debería ser habitual y actualmente es remarcable. La guinda del pastel es que su dirección tiene una estrategia clara de cómo debe ser el ecosistema emprendedor en la ciudad y suma a su hoja de ruta desde los apoyos de una empresa como Damm a una patronal como Foment del Treball.
Se agradece que alguien sepa hacia dónde debe llegar el proyecto de Barcelona como una ciudad tecnológica. No ocurre lo propio con el ayuntamiento, cuyos aún responsables políticos consideran una marcianada pija estas iniciativas. Con todo, se debe agradecer que en la última legislatura se haya virado de los mensajes de rechazo total al apoyo, más o menos tímido según quién, para intentar como mínimo no dañar la actividad.
La empanada de la Generalitat es directamente mayúscula, con un consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, más preocupado por sus viajes alrededor del mundo a costa del erario público que en marcar una política propia. Esta característica ya la cultivaba cuando era responsable del CTTI, y no será por falta de perfiles en las filas independentistas con ideas más claras de cuál debe ser y cómo debe desarrollarse la política digital del Govern. Con todo, las siglas pesan.
Aún se recuerda con estupor su promesa de que el Govern trabajaría para crear un estado digital en forma de república. Hizo el anuncio en plena vigencia del artículo 155 y en el marco de la presentación de la unidad de acción entre la comunidad universitaria, la Generalitat, el ayuntamiento y la MWCapital para presentar a Barcelona como una de las grandes ciudades europeas pioneras con el 5G. Ese posicionamiento pretendía atraer ayudas del plan FEDER para este fin. Ahora, parece que se va sobrados de ellas.