Las advertencias de que los CDR bloquearán Barcelona el próximo viernes como protesta de que Pedro Sánchez celebre el Consejo de Ministros en la Casa Llotja de Mar ya que consideran que se trata de una provocación ha tapado que en ese encuentro será cuando se tome la primera (y posiblemente única) medida laboral de calado del Gobierno. Los socialistas sacarán adelante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por decreto hasta los 900 euros.

No llegarán al tan denostado mileurismo, pero ya se han desatado las siete plagas ante un anuncio que incluso desde las grandes patronales se reconoce como un avance social. Un gesto para intentar dejar atrás la precariedad que se ha instaurado en el país después de la crisis, que aún no se ha superado y que deja en la estacada como mínimo una generación. Y el impacto de esta realidad no se limita sólo al auge de populismos y extremismos.

El Banco de España ha alertado (de nuevo) que subir el SMI tendrá un impacto negativo sobre el mercado laboral y dificultará la reducción del desempleo. Así lo aseguró su gobernador, Pablo Hernández de Cos, que dejó atrás la prudencia que se le exigiría como regulador del sector financiero y advirtió a Sánchez de que la reforma laboral del PP es positiva y no se debe revertir.

En línea con las valoraciones del presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, al tildar de “empleicidio” y “arma de destrucción masiva” (sic) la propuesta de Presupuestos Generales del Estado del Ejecutivo. Subir el SMI, proponer la instauración de registros horarios o el destope de las cotizaciones o las pensiones ha encendido las alarmas de los expertos económicos. Aunque excepto el decreto que se aprobará este viernes, el resto de medidas tienen más posibilidades de quedarse en declaraciones de intenciones que de llegar al BOE.

Los equilibrios políticos del Congreso son frágiles y Sánchez está delante de un match ball este viernes en Barcelona. Un partido que se juega con una parte del independentismo llamando a movilizaciones subidas de intensidad, otra exigiendo prudencia y contención, los partidos más conservadores exigiendo un 155 y una parte de la población preguntando cuál es el motivo de que el próximo viernes se le haya advertido de que es mejor que no use el transporte público en la ciudad.

Queda al margen del debate actual lo que resulta el verdadero drama social de España. Que casi dos años después de que se iniciara la recuperación los salarios del país estén en el suelo y no haya visos de mejora en el medio plazo. Que el problema no es que la remuneración de un joven de 23 o 24 años esté por debajo del mileurismo, el drama es que cinco años más tarde no haya superado los 20.000 euros netos anuales y que para añadir otros 10.000 euros al cómputo asuma unas responsabilidades que están muy por encima de lo que cobra a final de mes. Y eso en el mejor de los casos.

La generación de la precariedad tiene problemas para adquirir una vivienda en propiedad y en poder ejecutar sus proyectos vitales más básicos. Cuestión que se ha traducido en los niveles más bajos de natalidad en el país. Esto representa una verdadera calamidad y marca muchos retos para el futuro inmediato en el país. Pagar 900 euros por una jornada laboral de ocho horas es casi un principio básico laboral. O debería serlo.