El Gobierno de Quim Torra ha salvado en tiempo de descuento un match ball. Los trabajadores del sector público han desconvocado la huelga prevista para este miércoles tras un compromiso de última hora de la Generalitat para empezar a abonar en 2019 las pagas extraordinarias que se eliminaron en 2013 y 2014. Concluirá su reembolso en cuatro años en lugar de los 10 que habían demandado y abrirán una nueva negociación laboral en enero.

Ha aplacado las demandas laborales de los empleados de la función pública, pero la agenda económica (mejor dicho, la falta de ella) aún pesa. Ha sido otro agente social, la patronal de pymes Pimec, el que ha afeado este mismo martes al Ejecutivo catalán la falta de medidas que ayuden a la dinamización de la actividad productiva.

El repaso de reclamaciones no es precisamente nuevo. Cambios regulatorios para limitar la burocracia y contener ciertas tasas a la actividad, reivindicar infraestructuras e impulsar una formación que responda a las demandas laborales actuales, tanto de mano de obra cualificada como de no cualificada.

Tanto el empresariado como los representantes de los trabajadores muestran su hastío ante la habitual respuesta del Govern de que no pueden atender sus peticiones por falta de recursos. Que el incumplimiento presupuestario del Estado --una derivada del Madrid ens roba-- deja las arcas públicas al límite e impide ejecutar inversiones o realizar mayores gastos.

Más allá del debate sobre cómo se priorizan los recursos públicos en Cataluña, lo que se afea desde patronales y sindicatos es que algunas medidas como el impulso a la FP dual o eliminar ciertos trámites o licencias de nueva actividad no requieren dinero. Lo único que necesitan es de un acuerdo político que nunca acaba de llegar.

Los herederos del Govern dels millors han renegado de la etiqueta de business friendly de la que se jactaba Artur Mas cuando llegó a la presidencia de la Generalitat. PDeCAT ha sido de forma tradicional el partido más próximo al empresariado catalán, pero ERC les ha comido la tostada en los últimos años. Los republicanos son percibidos como los que ponen más en el centro del debate catalán la economía frente a los neoconvergentes, más ocupados del conflicto político que de las demandas del tejido productivo. Y eso tiene consecuencias destacadas. Tal y como recordó el propio Josep González, presidente de Pimec, el liderazgo económico e industrial de Cataluña “no se consigue por si solo”. Requiere de un impulso político que, a fecha de hoy, no se da.