Que mientras estén pendientes de juzgarse y conocerse las sentencias sobre los políticos que duermen en prisión seguirá viva la algarada callejera es de esperar. Que la frustración generada entre los independentistas que vieron cómo fracasaba su idealizada república afloraría al final también era previsible. Que los políticos huidos de la justicia española intenten concebir un relato de liderazgo desde el exilio y persecución por sus ideas es, con todas las cautelas, entendible. Lo que sobrepasa el sentido común es su irresponsabilidad, la de los líderes separatistas, al alentar a los cachorritos burgueses de la CUP, Arran y los CDR como abanderados de la protesta.

El independentismo sólo logró una cosa cierta hace un año: fracturar Cataluña en dos pedazos. No lo deseaba, pero se le sumó otra consecución, un efecto colateral: desacomplejó al constitucionalismo, que abrió el armario y salió a la calle para también desde aquel momento celebrar sus actos y mostrar su opinión sin reservas.

Como presidente, Quim Torra debe velar por la seguridad de toda la ciudadanía, sin excepción ni discriminación ideológica, religiosa o de pensamiento. Lejos de eso, su figura será recordada por su carácter de presidente-activista, de bombero-pirómano. Azuzar a los CDR para que “aprieten” en las calles y más tarde criminalizar a los agentes de la policía catalana que deben contener esos “apretones” no es coherente ni desde la óptica secesionista. Mucho soberanista es persona de orden (el desorden acostumbra a ser mental). En determinadas cuestiones el riesgo de incendio conviene tenerlo siempre presente. Y el jefe del Gobierno catalán juega con fuego con el asunto de la violencia callejera y la dirección de Mossos d’Esquadra. Más todavía en los días que vienen.

Excitar a los jovenzuelos pudientes para que combatan el supuesto fascismo español, la hipotética actitud totalitaria del Estado y suponer que eso es gratis demuestra la mediocridad política del actual presidente de la Generalitat y la chifladura que ha invadido a quienes como él o Carles Puigdemont persisten en suministrar carbón a la escacharrada locomotora procesista.

Por fortuna, los médicos, los enseñantes o los trabajadores públicos de la Generalitat que están hartos del desgobierno catalán --a diferencia de los cachorros independentistas-- no son violentos cuando expresan su malestar, incluso aunque les asista mucho más la razón por las situaciones lacerantes que sufren. Ni bloquean las arterias principales de tráfico ni agreden a los agentes de policía encargados de la seguridad como sucedió en las últimas horas la AP7, en Girona o Terrassa.

Torra ha envalentonado a los CDR y con sus arengas acobarda a la policía autonómica, que es un cuerpo profesional ejemplar formado por más de 16.000 catalanes, pero comandado por políticos o pseudotécnicos buena parte de ellos tan ineptos como obedientes preventivos. Tanto es así que algunas asociaciones profesionales de Mossos han puesto el grito en el cielo ante lo que sucede y las consecuencias futuras que se derivarán. Tal es el enojo que los policías pedirán bajas laborales para sumarse a la protesta de los empleados públicos por los recortes salariales efectivos y la pérdida de derechos laborales de las últimas administraciones independentistas. No pueden hacer huelga, pero sí enfermar.

El relato de la violencia impune ha dado lugar a que unos CDR decidieran colapsar las comunicaciones de Cataluña desde L'Ampolla y los Mossos no estuvieran para despejar esa autopista sin ley que tanto valor genera para la economía de todo el Mediterráneo, en especial para muchas de las familias burguesas en las que habitan los cabecillas de esos grupúsculos de activistas. Es una acción de presión intolerable, lesiva para la ciudadanía y la policía autonómica catalana se la mira con distancia porque su máximo jefe, el presidente, y el consejero de Interior, Miquel Buch, ha decidido que los Mossos se pongan de perfil o serán purgados por dar la cara en los anteriores incidentes.

Cuando bienintencionados catalanes justifican sentimentalmente el procés por la necesidad de obtener más recursos del Estado, casi siempre olvidan lo que ese nacionalismo de listillos supondría en términos negativos: un retroceso en la descentralización del Estado autonómico. Es lo que, de forma inmediata, y habida cuenta de lo que pasó este último sábado con la policía autonómica catalana, se han lanzado a señalar algunos partidos políticos: las competencias de seguridad deberían retornar al Estado del que salieron.

Es un debate que ha nacido del uso partidario de la policía por parte del nacionalismo radical. Nadie se plantearía esa involución competencial si no fuera porque Torra en vez de respetar su trabajo y proporcionarles más recursos sigue tocando las pelotas (y no precisamente de goma) a los Mossos con una intolerable dirección y una no menos lamentable petición de purga de los mandos que garantizaron la celebración de los actos constitucionalistas estos días del puente en los que los CDR volvían a sentirse poderosos. Los agentes han perdido la paciencia con este hombre y empiezan a dar la cara. No tengan duda de que los policías ocupados de la seguridad personal del presidente catalán le cuidan mejor a él de lo que Torra demuestra proteger, respetar y cuidar a su propia policía, la de todos, con independencia de cómo piense cada quien.