La deriva de los dirigentes de los Mossos d’Esquadra es cada vez más preocupante. El número de voces que denuncian la conversión del cuerpo armado en una suerte de policía política al servicio del secesionismo radical va en aumento y se agotan los argumentos para no darles la razón.

En los últimos días se han conocido nuevos detalles de la actuación de los responsables de la policía autonómica de Cataluña durante los levantamientos públicos y violentos del 20-S y del 1-O. Las grabaciones e informes policiales filtrados del sumario del proceso sobre el referéndum secesionista confirman lo que era una evidencia: los mandos de los Mossos no solo no hicieron nada por impedir la consulta ilegal sino que pusieron todo tipo de trabas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil --a los que incluso espiaron--, convirtiendo el 1-O en una trampa, en una verdadera ratonera para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No me gustaría estar en el pellejo del exconsejero de Interior Joaquim Forn ni del exmayor Josep Lluís Trapero.

La línea emprendida por el Govern de Torra tampoco va por buen camino. Enviar a la policía de la Generalitat a perseguir a los que quitan lazos amarillos del espacio público mientras permite a los independentistas que los coloquen impunemente supone una utilización partidista y ruin --además de probablemente ilegal-- del cuerpo armado autonómico, formado por unos 17.000 agentes.

Pero la gota que ha colmado el vaso se produjo este domingo. Sorprendentemente (o, peor aún, previsiblemente) los Mossos d’Esquadra impidieron a los asistentes a la manifestación en defensa del bilingüismo escolar acceder a la plaza Sant Jaume. El motivo esgrimido fue que la zona estaba tomada por cientos de activistas independentistas desde hacía horas, tras ser convocados por los CDR. Todo ello a pesar de que el recorrido previsto por los manifestantes por la libertad lingüística había sido debidamente comunicado a las autoridades y autorizado por estas.

Con su decisión, la policía de la Generalitat, en vez de garantizar el derecho de los concentrados por el bilingüismo a manifestarse, se lo impidió, lo que supone un grave atentado al Estado de derecho y una discriminación inaudita. En cambio, el comportamiento de los Mossos permitió que los que fueron a reventar la marcha --incluido algún exterrorista de Terra Lliure-- se saliesen con la suya.

¿Se imaginan que varios centenares de personas contrarias a la secesión se hubieran atrincherado en el tramo inicial de la manifestación independentista de la Diada, por ejemplo, junto al escenario? ¿Cómo creen que hubiera actuado la policía autonómica? ¿Alguien piensa que les hubiesen permitido reventar la performance secesionista impunemente con la excusa de que hay que actuar de forma prudente y proporcionada y tratar de minimizar las situaciones conflictivas?

Buena parte del independentismo ha entrado en una nueva fase tras el fracaso del procés, la de la frustración. Y todo apunta a que esta frustración se traducirá en contramanifestaciones, boicots e incluso ataques de los radicales --no olvidemos que los CDR han mostrado su carácter violento en numerosas ocasiones-- contra cualquier movilización que lleve a cabo el constitucionalismo catalán.

Los mandos de los Mossos deberán extremar su pulcritud y profesionalidad para garantizar que todos los catalanes puedan ejercer sus derechos con plenitud y sin ningún tipo de amenazas ni intimidaciones. No hacerlo sería incurrir en una actuación ilegal que justificaría --y haría inevitable-- la aplicación de un nuevo 155 parcial para que el cuerpo de la policía autonómica pasase a depender directamente del Ministerio del Interior.