Durante mucho tiempo la base de cálculo de las pensiones se establecía con la referencia de los últimos ocho años de cotización a la Seguridad Social. En 1995 se pactó que subiera poco a poco hasta situarse en 15 años en 2002; y desde 2011 el periodo se ha ido ampliando con el objetivo de llegar a los 25. Lo lógico era utilizar toda la vida laboral, como se hacía en otros lugares, pero el profundo arraigo de la economía sumergida aconsejaba en este país extender la base reguladora de forma paulatina.

Fátima Báñez ha lanzado el globo sonda de la posibilidad de usar todo el historial laboral de forma voluntaria siguiendo otra costumbre muy española: no tratar de frente los temas importantes, recurrir a las indirectas y las insinuaciones.

La ministra dice que su partido lo ha propuesto en la Comisión del Pacto de Toledo, pero allí aseguran que no saben nada. Y la representante del PP en este organismo, Celia Villalobos, lo ha arreglado con la brocha gorda que le caracteriza: “Hay personas que viven más tiempo como pensionistas que como trabajadores activos”.

Lo que plantea el Gobierno no es tan extraño: desde el año pasado una persona expulsada prematuramente el mercado laboral puede solicitar que se le calcule la jubilación con arreglo a los últimos 25 años cotizados, no con los 20 obligatorios.

La idea es acercarse a la proporcionalidad. Y también paliar los efectos de las bajas cotizaciones que nos ha dejado la salida de la crisis.

Los contratos laborales, por un lado, mucho más precarios en lo que se refiere a las cotizaciones que en sueldo, horarios, parcialidad o temporalidad. Aumenta la afiliación, pero las entradas crecen menos que las salidas.

 

No existen datos fiables sobre cuántos trabajadores autónomos, el 86% de los cuales cotiza por lo mínimo, hay en España 

 

Por otro, los trabajadores autónomos, el 86% de los cuales cotiza por el mínimo. No hay datos fiables del número de empleados por cuenta propia. De hecho, el registro de la Seguridad Social --el RETA-- da casi la misma cifra ahora que en 2008: unos 3,3 millones. No es posible.

Muchísimas empresas externalizan proyectos enteros a sociedades de técnicos --ingenieros, médicos, abogados, arquitectos-- que están formadas por profesionales autónomos, bastantes de ellos trabajadores autónomos económicamente dependientes (Trade). Es la figura que también emplean algunas compañías para aligerar sus nóminas sin recurrir a los expedientes de regulación.

Ese tipo de autónomo --que ingresa al menos el 75% del total de una misma fuente-- no figura en las estadísticas de la Seguridad Social de forma clara. Pero el Gobierno sabe que son un auténtico ejército, que aportan poquísimo --todos los programas gubernamentales de tarifa plana y demás se refieren a la cotización mínima--, que un día querrán jubilarse y que sus viudas saldrán a la calle a protestar porque cobrarán una miseria.

Lo que propone Báñez va en la línea de paliar ese impacto. Cuando se computaban los últimos ocho años, los autónomos solo cotizaban ese tiempo; cuando se amplió a 15, no pocos se prejubilaron después de hacer números. Ahora, no pueden mejorar la cotización una vez han cumplido los 45. Y lo que hace el Gobierno es preparar el cuerpo --torpemente-- para lo inevitable: usar toda la vida laboral en el cálculo de la base reguladora.

La ministra debería hablar más claro y huir así de las especulaciones, pero no es la única que se anda con astucias en este asunto. Los socialistas han propuesto crear un impuesto específico --ya lo hicieron en la última campaña electoral, emulando lo que ocurre en Francia, donde el 20% de las pensiones se paga vía impuestos-- y la respuesta ha sido el silencio o la descalificación.