Si creían que lo habían visto todo en política, se equivocaban. Está pasando. La principal discusión en estos momentos es si un prófugo puede gobernar Cataluña de forma telemática. La cuestión es tan bizarra que, en un país normal, no iría más allá de una viñeta de humor. Sea por la fatiga que ha generado el proceso independentista, sea porque es imposible aplicar la lógica al secesionismo catalán, lo cierto es que periodistas, políticos y juristas hemos entrado en un juego de despropósitos.

Dicho de otra manera, en un intento, absurdo pero humano, de razonar sobre la sinrazón, la comunidad política catalana ha decidido encomendarse ahora a los letrados del Parlamento de Cataluña para que determinen si es posible que Carles Puigdemont pueda tomar decisiones, plantear leyes, someterse al control de la oposición y votar desde Bruselas. Formular esa pregunta a los abogados de la Cámara catalana, los mismos que fueron vapuleados en la anterior legislatura por un independentismo irredento y desobediente, es tan audaz como insolente.

 

La principal discusión en estos momentos es si un prófugo puede gobernar Cataluña de forma telemática. La cuestión es tan bizarra que, en un país normal, no iría más allá de una viñeta de humor

 

Planteado en estos términos, los letrados deberían soltar una carcajada y negarse a realizar ese informe. Pero el secesionismo es muy astuto y, muy posiblemente, el planteamiento de la demanda se base en una genérica consulta sobre la viabilidad de aplicar el voto telemático, vía reforma del reglamento del Parlament, sin entrar en detalle. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional avaló la última reforma que propició la aprobación exprés de las leyes de ruptura. Una cosa es el medio y otra, un fin que los juristas no entraron a valorar.

Esa prudencia, jurídicamente impecable, pero socialmente reprochable, ha permitido a Puigdemont ganar muchas batallas --y a este paso parece que también la guerra--, mientras la sociedad catalana pierde la oportunidad de restañar sus heridas, recuperar la normalidad y evitar que el éxodo de empresas, que no cesa, se salde con deslocalizaciones y despidos. La política ha cometido muchas equivocaciones en este errático procés que no parece tener fin, pero la Justicia ha sido lenta y excesivamente táctica. Los tribunales tenían en su mano herramientas para inhabilitar a Puigdemont y sus secuaces hace muchos meses, sin necesidad de cárceles preventivas que añaden épica a simples delitos comunes. Como, igualmente, los medios de comunicación debimos ser menos generosos con las ínfulas de telepredicador de Puigdemont. Tengan cuidado con su poder de persuasión.

Y digo generosos porque, a base de elogios y críticas, hemos contribuido a alimentar a la bestia que todo lo fagocita: a su padre político, Artur Mas; a su partido, PDeCAT; y a sus socios de ERC.