Ya pueden empezar a tirar piedras los independentistas, tan proclives a lapidaciones sociales al discrepante. Este no es un artículo que quiera leer Jordi Basté en su programa líder matinal, ni que quiera comentar ningún soberanista abducido en su endogámico y minúsculo mundo. No por ello, créanme, deja de ser cierto lo que les cuento.
El nacionalismo radical y etnicista de Junts pel Sí ha sido incapaz de gobernar con eficacia mientras ha ocupado responsabilidades públicas en la Generalitat. Los departamentos que ocupaban apenas se hablaban entre ellos y en muchos casos unos se vigilaban a otros. Por supuesto, los de ERC a los de la antigua CDC y viceversa.
No pasa nada porque haya desconfianza entre personas o partidos, es la vida misma. Lo que clama al cielo es que esa forma de funcionar tuviera durante dos años paralizada la Administración catalana para los ciudadanos.
Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución se han descubierto algunas cosas que formaban parte de la dimensión política desconocida. Por ejemplo, como explica Manel Manchón en su crónica de hoy, los funcionarios de ciertos niveles se habían plantado ante los responsables políticos y se negaban a firmar o a dar salida a informes, dictámenes, órdenes y otras cuestiones de su incumbencia y competencia por inseguridad legal. “¡Que los firme el consejero!”, venían a decir.
Los funcionarios de ciertos niveles se habían plantado ante los responsables políticos y se negaban a firmar o a dar salida a informes, dictámenes, órdenes y otras cuestiones de su incumbencia y competencia por inseguridad legal
El divorcio entre los responsables políticos y los altos funcionarios había dejado en virtual parálisis la actividad administrativa en muchas áreas y niveles de la Generalitat de Cataluña. Jamás los independentistas dijeron ni Pamplona sobre el asunto, al contrario, seguían vendiendo la Arcadia feliz e iban firmando por arriba los documentos que sus subalternos se negaban a avalar.
Con la intervención de la Administración autonómica se ha descubierto esta situación y ahora son bastantes los funcionarios que han decidido colaborar en tareas que hasta la fecha habían rechazado. ¿Son acaso de los partidos que dieron apoyo al 155? No necesariamente, son empleados públicos sensatos, fieles y leales al Estado que decidieron servir, y sólo desean cumplir con su labor sin servilismos a ideologías tan desfasadas como las que decidieron proclamar una república de juguete.
No, los funcionarios que han decidido colaborar con los nuevos rectores de la Generalitat pueden ser nacionalistas, pero no kamikazes. Son sencillamente servidores públicos que, en contra incluso de su forma de pensar, han acabado exclamando: “¡Dios bendiga el 155!”. En efecto, no ha sido por comulgar con la medida, sino por pura oposición a la estupidez que han vivido durante decenas de meses de falta de criterio en la gobernación y de escalada psicótica en la administración.
