Día 11 de septiembre de 2017. Tras la celebración de un referéndum ilegal en Cataluña, con un resultado de 50,83% a favor de la independencia de España, un grupo de diputados de la CUP se dirige al balcón de la plaza Sant Jaume y proclama la República catalana. Antes han dado instrucciones a los Mossos d'Esquadra para que se acuartelen en sus respectivas instalaciones y ninguno de ellos, ni siquiera de paisano, haga acto de presencia en las calles.
En el decreto de proclamación de la República catalana se destituye de manera fulminante al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su Consejo de gobierno. En los próximos días se escogerá el nuevo presidente de la República, cargo para el que suena el autobusero Josep Garganté. Será el encargado de la formación de un nuevo Gobierno. A Antonio Baños se le ha tentado como ministro de Asuntos Exteriores y Anna Gabriel podría ocupar la máxima responsabilidad en una macroconsejería de Justicia e Interior. El nuevo Gobierno republicano puede estar ultimado en cuestión de días, según anuncia el digital Directa.cat, que ha sido nombrado órgano oficial de difusión de Cataluña.
Les recomiendo la lectura de las propuestas presupuestarias que ha realizado la CUP al Gobierno de Junts pel Sí. Cualquier imaginación supera la realidad, o no
Las primeras medidas anunciadas tendrán lugar la semana próxima, aunque las económicas se avanzan a mañana. Todos los depósitos de La Caixa propiedad de empresas y personas físicas con domicilio en Cataluña pasarán a formar parte del nuevo Banc Català de la República, una entidad pública que presidirá el economista Xavier Sala-i-Martín.
Para final de semana entrará en vigor la colectivización de las tierras. Benet Salellas, antiguo propietario agrícola y dirigente de la CUP, prepara el diseño de las nuevas explotaciones agrarias del país. En la zona norte de Barcelona, los agricultores y ganaderos pasarán a pertenecer al Grup Ramader de Vic, que además de la explotación porcina se encargará de distribuir el cultivo de las tierras. De la capital hacia el sur, los avellaneros de Reus y los agricultores del Penedès quedarán inscritos en la Cooperativa Agraria dels Països Catalans. Con la propiedad privada abolida, ningún agricultor podrá conservar más de 20 metros cuadrados de tierra de libre cultivo y para consumo propio.
¿Les parece exagerado? ¿Una quimera? ¿Una ensoñación invernal? Tal vez se trate de eso. Pero, en todo caso, les recomiendo la lectura de las propuestas presupuestarias que ha realizado la CUP al Gobierno de Junts pel Sí. Cualquier imaginación supera la realidad, o no. Lo dicho, lean, lean...