Este noviembre recién comenzado es un mal mes para el matrimonio formado por Carles Vilarrubí y Sol Daurella. Una de las parejas más ricas de la Barcelona del siglo XXI pasarán tiempo, y no poco, dedicados a atender la justicia. Ella abrirá fuego mañana, en Zaragoza, donde debe declarar en un juicio penal por la compra que su empresa (Cobega) hizo del antiguo negocio de Cacaolat. Fuentes jurídicas conocedoras de ese caso sostienen que puede tener un susto.
A la consejera del Banco de Santander (tras una desafortunada estampida de Banc Sabadell) y líder de la mayor embotelladora mundial de Coca-Cola los últimos acontecimientos no le convienen nada, cero, como su Coca-Cola más moderna. Subió como la espuma ante Muhtar Kent, presidente mundial del grupo de refrescos, logró desplazar al controvertido Marcos de Quinto de la dirección española y se encumbró en ese grupo no sin levantar algunas ampollas interiores. De Quinto debe frotarse las manos hoy.
Todos la esperan ahora en su organización, cuando su marido ha sido vinculado por la justicia a la corrupción catalana del partido de Jordi Pujol y Artur Mas. Incluso los medios de información, que han comprobado durante décadas como la embotelladora Cobega jamás ha sabido comunicar a la opinión pública, en una insólita actitud de hermética saga familiar. Los Daurella, forrados como están, miraban por encima del hombro a su alrededor. Su fiasco tras la fusión en España de embotelladores regionales con la planta de Fuenlabrada y el cierre que hubo de retroceder es el mayor exponente de una forma de funcionar que no avala precisamente una exquisita gestión, y que no agrada en España. Sagardoy tuvo la culpa, pero Sol y Víctor Rufat son los responsable del desaguisado.
El otro portador de la alianza conyugal sostiene que él nada tiene que ver con la Torre del Remei, ese exquisito y selecto templo gastronómico de la Cerdanya catalana donde se reúnen los mismos que lo hacen en Baqueira o en la Costa Brava para mantener viva su burguesa hoguera de las vanidades. Una clase social, la burguesía catalana, más endogámica que cosmopolita, porque pese a la acumulación de ceros en sus saldos bancarios acaban todos veraneando o esquiando juntos, casi revueltos, mientras el resto de los mortales utilizarían esos fondos para patearse el mundo.
Al vicepresidente de Rothschild en España, presidente de la aseguradora Willis, vicepresidente del Barça, consejero de Fira de Barcelona, empresario hípico y vicepresidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomía le ha sobrevenido un problema reputacional serio. “Gracias a la familia que tengo, lo puedo llevar mejor”, confiesa en conversación con este periodista. Quien no se conforma es por que no quiere. Pese a desmentir que nada tenga que ver con una operación de hace 20 años, Vilarrubí admite que pierde pie para desarrollar cualquier ambición personal que intentara proyectar en los múltiples ámbitos de los negocios que toca. Es consciente, lo sabe.
“Tienen una lista, quieren acabar con el procés”. Podría ser la argumentación del conseller Germà Gordó, pero no. Es el razonamiento de Vilarrubí cuando se le pregunta por qué razón le ha imputado el juez José de la Mata de repente en esta causa si, según dice, nada hay extraño en su relación con la sociedad Restaurants de la Cerdanya, SL y con las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra.
Tampoco el matrimonio formado por Germà Gordó y Roser Bach descansa muy tranquilo. Al consejero de Justicia en funciones y antiguo gerente de CDC se le ha relacionado ya de forma más clara con la trama de corrupción del 3%. Le llaman “el prevenido” por su obsesión por las escuchas y la seguridad personal. Pero toda cautela se viene abajo si un interlocutor “canta”. Vamos, si un empresario le explica a jueces y fiscales con quién y qué pactó. Ahí valen poco las prevenciones con que haya podido blindarse el hombre que debía tomar el rumbo de CDC el próximo año o las asesorías que su esposa le traslade en la intimidad. Pretensiones que tras las primeras filtraciones, el veto nominal de la CUP y su techo de vidrio serán imposibles de lograr.
Bach es integrante del Consejo General del Poder Judicial. Tuvo la habilidad de llegar al gobierno de los jueces españoles a propuesta de los socialistas y no de los convergentes. En la memoria aún resuena el nombre de Lluís Pascual Estevill, que de la noche al día pasó de ser martillo de herejes a corrupto. Pero si su marido pudiera finalmente verse afectado por la sospecha de alguna extraña trama de corrupción, ¿debería proseguir ella en el cargo? Inquietud en la alcoba, es obvio.
Además, en esta Cataluña de la familia nacionalista, del matrimonio de alto nivel, no hace ni unos días que hemos visto como era detenido el esposo de la Comisionada para la Transparencia de la Generalitat, Núria Bassols. Fue designada por Mas para el cargo en febrero pasado (algunos me explican que en pago a su etapa de juez cuando habría ayudado con unos papeles sobre la familia del presidente en funciones que circulaban por alguna magistratura) y su esposo ha sido trincado en la última operación de policías, jueces y fiscales.
¿Debe continuar Bassols en el cargo? ¿Podría mantenerse al frente de la Transparencia en Cataluña sin rubor? ¿Qué le puede pasar a Roser Bach en un futuro breve si alguna investigación pone a su esposo en el epicentro de operaciones que han tenido lugar para financiar de forma irregular a CDC?
Incógnitas por resolver y refranes que penden como una espada de Damocles. Ya saben, aquel que dice que dos que duermen en el mismo colchón…