La respuesta es depende. A la vez, una contestación sencilla y complicada. Tiene la primera característica porque consta de una sola palabra y posee la segunda porque ésta da lugar a múltiples interpretaciones. Así, unas pocas veces es una magnífica opción, en otras no constituye ni una ventaja ni un inconveniente y en bastantes acarrea un perjuicio al país.

Es una bendición cuando un gobierno, por equivocación u obligación, tiene intención de realizar una política económica que perjudicará a la nación y no puede ejecutarla por estar en funciones. Un ejemplo es Bélgica entre el 22 de abril de 2010 y el 5 de diciembre de 2011.

En mayo del primer año, la Comisión Europea, a instancias de Alemania, priorizó la reducción del déficit público de los países del área a la obtención de cualquier otro objetivo macroeconómico. La nueva política económica obligó a las administraciones europeas a reducir su gasto e incrementar los tipos impositivos de algunos tributos. El resultado fue un menor crecimiento del PIB y un aumento del paro.

Las anteriores medidas no fueron adoptadas por Bélgica, al no poseer el gobierno en funciones las competencias legales para implementarlas. En el conjunto de los años 2011 y 2012, el resultado del incumplimiento fue muy positivo. El país creció más que la eurozona (2% versus 0,7%) y redujo su tasa de desempleo desde el 8,3% al 7,6%. Una evolución contraria a la de aquélla, donde dicha tasa aumentó del 10,2% al 11,4%.

A corto plazo, no supone ni una ventaja ni un problema, si el país disfruta de una propicia coyuntura económica internacional. En otras palabras, si el viento sopla a favor e impulsa su PIB. Es lo que le ocurrió a España cuando el gobierno de Mariano Rajoy estuvo en funciones entre el 21 de diciembre de 2015 y el 30 de octubre de 2016.

En los años 2016 y 2017, la economía española continuó en expansión y el PIB promedio creció más que el de la zona euro (2,95% versus 2,2%). Los principales motivos fueron la continuidad de la compra de deuda por parte del BCE, un tipo de interés de referencia nulo, un moderado precio del petróleo (la media del barril Brent se situó en 49,9 $), un gran incremento del gasto de los turistas extranjeros (18,2%) y un elevado aumento de las exportaciones de bienes (10,8%).

En la actualidad, un gobierno en funciones supone una clara desventaja para el país. El aire a favor del reciente pasado se ha convertido en un fuerte viento en contra. La desaceleración de la economía mundial, al pasar su PIB del 3,6% en 2018 al 2,9% en 2019, provocará una reducción de las exportaciones de bienes de España, de la inversión en maquinaria y hará que en el presente año el PIB crezca menos que en cualquiera de los cuatro anteriores.

Por tanto, es imprescindible que la economía española tome un nuevo rumbo. Un cambio que necesita de un timonel. A corto plazo, su misión debería consistir en hacerla menos dependiente de la evolución de la economía mundial.

Aquél debería ser un gobierno que sustituya una parte de la demanda externa (exportaciones menos importaciones) por la nacional (gasto de familias, empresas y administraciones públicas). Aunque a finales de 2013 la primera nos permitió salir de la crisis, en los dos próximos años es bastante más probable que reste crecimiento a que lo sume.

Con la anterior finalidad, es necesario que el próximo ejecutivo llegue a un acuerdo con Bruselas para aumentar ligeramente el déficit público durante los dos próximos años. En concreto, hasta el 4% del PIB. Un nivel en 2021 muy distinto del pequeño desequilibrio (-0,4% del PIB) ahora previsto. La entrada en recesión de Alemania durante el período actual puede hacer posible un pacto impensable unos años atrás.

No obstante, la opción ideal no es tener un gobierno con plena capacidad legislativa, sino uno bueno y duradero que tenga como principal objetivo establecer las bases de la transformación del país durante las dos próximas décadas. Un cambio que debería llevar a la inmensa mayoría de los españoles a mejorar su nivel y calidad de vida.

Dicho ejecutivo es una necesidad para todos los países, si tal y como está sucediendo, los recientes avances tecnológicos y las nuevas prioridades de los ciudadanos provocan cambios sustanciales en su manera de trabajar, vivir y divertirse. Sus principales retos van mucho más allá de los puramente económicos. Algunos de ellos hacen referencia a la protección del medio ambiente, la movilidad, la salud, la educación y la cultura.

En definitiva, aunque no siempre es así, la inexistencia de un gobierno con plenas capacidades constituye en la actualidad un importante problema para el país. Nuestra economía ya no va sola y necesita a alguien que la estimule y guíe por el camino correcto.

A pesar de ello, el principal reto no es tener cualquier ejecutivo, sino uno bueno. En concreto, uno que permita transformar el país de la misma manera que Pasqual Maragall, Francisco de la Torre y José Ángel Cuerda cambiaron Barcelona, Málaga y Vitoria, respectivamente. Si ellos lo hicieron, otros pueden conseguirlo.

Sin embargo, la transformación de país solo será posible si nuestros actuales líderes disponen de un proyecto para España. Mi impresión es que no lo tienen, pues solo lo poseen para sí mismos. Unos mimbres con los que es imposible fabricar un buen cesto.