Parece que por fin habrá nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), herramienta imprescindible para poder abordar la solución de los muchos problemas sociales y económicos que amenazan a nuestro país. Sin duda es una buena noticia que los presupuestos estén en fase de aprobación, después de años de prórroga de los mismos. Al margen de su idealización por parte de los partidos que dan su apoyo al Gobierno y de descalificación interesada por parte de la oposición, los PGE son un instrumento imprescindible para la gobernanza de la nación.
Los presupuestos pendientes de aprobación son los que posiblemente el país necesita en estos momentos de profunda crisis social y económica, en la línea de las recomendaciones del FMI para asegurar una salida más equitativa y solidaria de la crisis que padecemos. El FMI valora positivamente la reciente introducción del Ingreso Mínimo Vital que permite proteger a los grupos más desfavorecidos, así como la decidida apuesta por los ERTE, lo que permite limitar el impacto sobre el empleo, mitigando los efectos adversos de la pandemia. Destaca la recomendación del organismo internacional que urge “aumentar el músculo fiscal para poder dedicar más recursos a combatir la pobreza y la desigualdad”. Existe margen de maniobra fiscal en la medida que la ratio de impuestos sobre PIB en España es relativamente baja en comparación con otros países europeos.
Pero lo que de verdad está provocando ríos de tinta y profundas controversias en la vida política del país es el posicionamiento de algunos partidos, en los extremos del arco parlamentario, con relación a la aprobación de los presupuestos. El pronunciamiento inicial favorable de Bildu y ERC, el dúo de la bencina, a la aprobación de los mismos ha sido acogido con un cierto entusiasmo “ingenuo” por una parte del Gobierno apuntando que esto suponía el compromiso de estas fuerzas políticas con la gobernabilidad del Reino de España. Por otra parte, la oposición más cerril, frustrada por no haber rentabilizado la crisis sanitaria como instrumento de desgaste del gobierno de coalición, descalifica no solamente el contenido de los presupuestos, sino que acusa al Gobierno de alta traición y haber pactado la ruptura del Estado, utilizando el lenguaje incendiario de vende-patrias y aliados de los “Bildu-etarras”.
Tengo serias dudas de que el voto favorable de ERC y Bildu a los presupuestos suponga algún tipo de compromiso con la gobernabilidad del Estado, ni por supuesto que sea un apoyo gratuito. Valorando lo positivo de la aprobación de unos presupuestos que nos pueden permitir facilitar una salida más equitativa de la crisis, no me resigno a creer que lo pactado con ERC y Bildu pueda poner en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones. Sería un acto suicida que el Gobierno no puede permitirse, ni la Unión Europea consentiría. La UE no va a admitir ninguna concesión a un secesionismo catalán que coquetea con fuerzas y agencias internacionales que tienen como objetivo su desestabilización. Tampoco Bruselas va a aceptar piruetas económicas ni complicidades del líder de Podemos, con las fuerzas secesionistas vascas y catalanas que puedan apuntar a la ruptura de un Estado que es la cuarta potencia económica de la Unión. La llegada de los Fondos Europeos de Recuperación va a estar condicionados a una serie de requerimientos no solamente administrativos sino fundamentalmente políticos.
El Gobierno de coalición sufrirá sin duda algunas tensiones, pero Unidas Podemos no querrá perder las cuotas de poder y bienestar que disfrutan sus líderes. Es difícil encontrar en la “izquierda alternativa” europea un partido tan descarado en sus propuestas y al mismo tiempo tan pragmático en la práctica política. UP es una fuerza política sometida al hiperliderazgo de un dirigente político obsesionado con su protagonismo mediático, pero que al mismo tiempo es consciente de su declive electoral y su débil implantación territorial (desaparecida en Galicia, sin liderazgo en Euskadi, fragmentada y enfrentada en Madrid y Andalucía, dependiente de la estrategia “colauita” en Cataluña,...). Por otra parte, el presidente del Gobierno sabe que, aunque en ocasiones pueda parecer que su coaligado marca la estrategia de su gabinete, su vicepresidente Iglesias es consciente de las limitaciones de su peso electoral y no pondrá en peligro por el momento, las cómodas posiciones de poder que ocupan los miembros de su núcleo dirigente. La revolución tendrá que esperar.
A corto plazo la aprobación de los PGE permite al Gobierno iniciar su andadura y activar la llegada de los Fondos Europeos. Será la vicepresidenta y ministra Calviño, como representante de “facto” de la UE en España, la encargada del control de los mismos y la garantía de que los extremos no triunfarán en nuestro país.
Destacadas en Crónica Política
